El escándalo que sacude al Gobierno Nacional a raíz de las compras de alimentos a precios sobredimensionados que el ministro Daniel Arroyo hizo en los últimos días para asistencialismo social, termina desnudando un negocio que hace años -sin dudas- se hace en el Estado y que nadie se anima -o se juega- a poner un punto final, como es el de los intermediarios.
Seis empresas serán las que recibirán los $ 550 millones destinados por el Estado en esta compra son: SOL GANADERA SRL, Copacabana SA, TEYLEM SA, FORAIN SA, ALIMENTOS GENERALES SA, MH ACCURSO SRL. A primera instancia, solo la última es productora de alimentos. Está domiciliada en Rosario.
Es decir que de las seis empresas, cinco son solo intermediarias, tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
Una primera lectura sugeriría que el Estado gasta de más porque apela a intermediarios y no directamente a los productores. Pero hay más. Y es más grave.
De las cinco empresa intermediarias, en dos se repiten socios o domicilios. Sol Ganadera SRL (que cobrará 88 millones) tiene las mismas oficinas (Corrientes 1327 4°) y el mismo director (un tal Federico José Toscano) que Alimentos Generales SA, que cobrará 49 millones.El segundo caso de duplicación es el de Teylem SA, que cobrará 80 millones. Tiene oficinas en San Martín 66, piso N° 4, depto 410.
Al lado, en el depto 409, declaró domicilio otra adjudicataria, Forain SA, que venderá alimentos por 86 millones. Los teléfonos son los mismos. La única empresa que ganó en todos los rubros es Copacabana SA, que cobraría por eso $188 millones.
No hay duplicación. Sus dueños se apellidan Assi-sa. Uno de ellos, Jorge, ha sido presidente y ahora es secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado.
En total son seis empresas las que participaron de la compra del Gobierno. Se trata de Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y MH Accurso SRL.
Esta particularidad motivó la denuncia de Silvina Martínez, abogada asesora de Margarita Stolbizer y ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ), ante la Procuración General de Investigaciones Administrativas (PIA) por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude al Estado.
«Tenemos a la misma persona detrás de distintas empresas», acusó Martínez, quien además pidió que se haga cuanto antes un allanamiento en la sede del Ministerio que comanda Arroyo.
Según explicó Martínez, se presentó ante la fiscalía de investigaciones administrativas. «Esta denuncia es para que analicen si efectivamente encuadra esto que estamos analizando dentro de los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos», enfatizó.
En el medio de esta pandemia, el Gobierno sacó una normativa que establece que no va a haber licitaciones públicas sino que va a haber contratación directa y para garantizar transparencia es que el funcionario a cargo del organismo que necesita el bien o el servicio tiene que mandar un mail a tres proveedores del sistema del Estado.
«Fue el propio Estado el que eligió a los tres proveedores que corresponden al mismo grupo empresario. Un funcionario (del Ministerio de Desarrollo) mandó el mail a tres proveedores sabiendo que detrás estaba la misma persona, el Grupo L, que ya había sido denunciado anteriormente por sobreprecio», explicó Martínez.
Para Martínez «se está ante una decisión arbitraria, que no fue al azar y que tuvo un direccio-namiento desde el Ministerio de Desarrollo Social para lograr la contratación. Mucha buena suerte tuvo el Grupo L que un funcionario haya decidido que sean distintas empresas del mismo grupo, que ellos hayan pasado un presupuesto mucho más alto que el del mercado y se lo hayan aceptado”, concluyó.Silvina Martínez