Luego del enfrentamiento político con Mauricio Macri, de quien afirmó que ‘ya fue’, la brava jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió puso su mirada directamente contra Cristina Fernández, y ordenó a sus legisladores que presentaran «un pedido formal de juicio político por los conceptos vertidos contra la Corte Suprema en su última carta pública».
Para ‘Lilita’ Carrió, quien evalúa que «la Justicia argentina es excelente», la carta de la vicepresidente «es una alteración del orden democrático».
Los observadores consideran que «más del 88 por ciento de los argentinos considera que la Justicia es el poder más corrupto de la república, y el lawfare ha sido criticado incluso por reconocidos juristas internacionales». Pero ello evidentemente no resulta obstáculo para que la ex diputada siga considerando lo que ahora promueve a través de sus legisladores.
Los argumentos para tal iniciativa son casi «insólitos» ya que -posiblemente- constituyan «un ataque directo al derecho a la libertad de expresión».
Algunos observadores sospechan que Carrió pueda estar intentando «ponerle una mordaza a los críticos de la Justicia, para así garantizar la reproducción indefinida de un poder en el que ejerce significativa influencia».
Como se sabe, ya los jueces se «auto-eximieron del pago del impuesto a las ganancias» y apuntan a que «Lilita pretenderá eximirlos también del ejercicio de la crítica sobre sus acciones y prácticas?» señalan los observadores.
Para tratar de sostener esta propuesta, los llamados ‘lilitos’ argumentaron razones de «alteración del orden democrático y acciones de gravedad institucional», que constituirían supuestas «presiones de Cristina sobre la Justicia».
Sin embargo, y a juzgar por las acciones de la Corte Suprema durante el gobierno del Frente de Todos, «no parece que el supremo tribunal se haya sensibilizado demasiado ni sufrido ninguna clase de “apriete» puntualizan los seguidores del ácido tema.
En su carta pública, Cristina Kirchner afirmó que «la Corte Suprema encabezó un proceso de lawfare, lo que fue contestado por un comunicado de Juntos por el Cambio con el argumento de que se trataba de “un golpe a la constitución».
Además acusaron a la vicepresidente de «mal desempeño e impulsar un avasalla-miento a las instituciones argentinas».
El juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue bastante más cauto y se limitó a expresar que «la polarización produce parálisis en las decisiones y el consenso».
Más aún, Lorenzetti se limitó a proponer que «se bajaran los decibeles de la confrontación», sin exigir medida judicial o disciplinaria alguna.
En ese planteo lamentó que «las instituciones promuevan el roce entre visiones diferentes, un aumento de la flexibilidad de las pares y un incremento de las opciones de solución».
Para Carrió «esta actitud resulta demasiado tibia».