Tras una «compra de buena fe» que un empresario dice haber hecho de una propiedad sita en 138 N° 161 de Berazategui, la cual tenía dueño, la Justicia -previa evaluación de la documentación aportada por los verdaderos propietarios de la edificación- otorgó el fallo a los mismos, ordenando el desalojo de un grupo de gente que ocupa las instalaciones.

El tema fue que un predio sito en 138 entre 1 y 2 del distrito, fue a remate hace un tiempo. Los adquirentes pretendieron hacerse de la posesión del bien adquirido, y se encontraron que en el mismo funcionaba un taller denominado «Aceros Ortega«, de Walter Ortega.

Los compradores del predio demandaron judicialmente a Ortega, quien pretendió justificar la posesión con un boleto de compra-venta «de buena fe«. Los nuevos dueños llevaron a la Justicia el tema, aportando la documentación judicial del remate y de la compra, por lo que el juzgado interviniente otorgó el fallo y ordenó el lanzamiento de los ocupantes del lugar y su entrega a los dueños legítimos.

Allí apareció en escena un grupo de ‘trabajadores‘ aduciendo ser una «cooperativa» la cual no pudieron justificar legalmente, quienes plantearon que «Aceros Ortega» es su «fuente de trabajo«. La Justicia ordenó el cumplimiento de la medida emitida por el tribunal interviniente.

En las últimas horas, apareció en escena el discutidísimo personaje del Movimiento Evita, Matías Aguirre, quien habría sido quien pidió la intervención del diputado Julio Pereyra y del intendente Mussi, ninguno de los cuales puede torcer la decisión judicial.

Aguirre invoca la existencia de una ‘cooperativa‘ de trabajo inexistente, tratando de retrasar la orden de desalojo emitida por la Justicia.

Fuentes confiables señalaron que mañana miércoles, día fijado para el desalojo, Aguirre y un sector de la UOM aportarían «presencia» para evitar el cumplimiento del lanzamiento ordenado.

Matías Aguirre, autodenominado ‘Jefe de Gabinete‘ del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, buscaría que Mussi plantee alguna medida sobre una cosa juzgada donde los reclamantes no constituyen ninguna cooperativa legal, y que -como funcionariono debería enfrentar fallos judiciales defendiendo una compra ilegal con documentación ilegal disfrazada «de buena fe«…