BUSCAN CAMBIAR LA LEY DE IMPUESTO AL TABACO, PARA QUE SE BENEFICIEN TODAS LAS PROVINCIAS
La Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET) reclamó que aún hay cuatro firmas tabacaleras que siguen evadiendo el pago de impuestos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que repercute en las provincias productoras que se benefician con el Fondo Especial del Tabaco (FET).
Si bien la justicia falló para que las cuatro empresas integrantes de la CANET, conformada por Bronway Technology SA, Tabes SA (esta es de Salta), Formen SA y Cigarrillos y Tabaco SA, «den cumplimiento a la Ley para que tributen», mantienen impago los impuestos, constituyéndose en un comercio ilegal que obtiene millonarias ganancias por evasión.
Tal maniobra es a su vez, perjudicial para las empresas que sí acatan la ley de Impuestos Internos (modificado por la Ley N° 24.674) y la Ley 19800 para que tributen, y por la cual se ordena la recaudación y distribución del Fondo Especial del Tabaco.
La Federación Argentina de Productores de Tabaco, que nuclea a agricultores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco, resaltó el «acierto de las medidas tomadas por la AFIP destinadas a asegurar el pago de los impuestos».
Ante el reclamo de los agricultores por el no pago de los impuestos establecidos en ambas leyes por parte de empresas comercializadoras de cigarrillos -con directo perjuicio hacia los productores-, la AFIP dispuso que «todas las cigarreras deban tributar el Impuesto Mínimo Interno mediante un aplicativo que determina el monto según el volumen comercializado. Este aplicativo compele a todas las firmas a cumplir con los pagos para acceder a las estampillas de uso obligatorio».
Paralelamente, la AFIP y la Casa de la Moneda pondrán en vigencia un nuevo modelo de estampillas para frenar la falsificación, otra de las operatorias detectada por el organismo tributario.
Cabe recordar que en las provincias tabacaleras hay 23 mil productores registrados (al menos 15 mil de ellos pequeños agricultores), y que la actividad genera trabajo para cien mil personas en forma directa.
Los productores recordaron que «para no pagar los impuestos que se redistribuyen para sostener políticas públicas y mejorar el precio de la materia prima, varias empresas autodenominadas Pymes tabacaleras recurrieron a medidas cautelares ante la Justicia Federal».