Ya quedó en evidencia, el perfil nauseabundo del submundo del espionaje ilegal. Pero nunca se dio en nuestro país, que alguien llegue a diputado por haber sido espía.
Rodolfo Tailhade, diputado del oficialismo kirchnerista, vinculado con Ariel Zanchetta, un ex policía federal dedicado a espiar -de manera ilegal- a jueces de la Corte Suprema de Justicia, políticos, empresarios, periodistas, despliega un muro hasta ahora, de inmunidad e impunidad sostenida por el Gobierno de Alberto Fernández. Luego de peritajes de sus dispositivos electrónicos y sus movimientos, la Justicia llegó a la conclusión de que Zanchetta es un agente inorgánico de la AFI (ex SIDE) dedicado a investigar en forma ilegal, la vida privada y laboral de aquellas personas que el kirchnerismo, sin dudas, le asignó.
Tailhade y Zanchetta están vinculados con Fabián ‘Conu’ Rodríguez, un directivo de la AFIP que le pagaba al ex policía con dinero de la pauta oficial los ‘trabajos’ que le encargaba.
Los legisladores nacionales Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan Manuel López, alertaron sobre «el peligro que significa para las instituciones de la democracia y los derechos y garantías individuales el espionaje ilegal». «La calidad de querellante la tiene cada uno de los afectados, nosotros queremos actuar con responsabilidad. No es cuestión de entrometer a la competencia electoral. Después del balotaje, la política argentina va a tener que levantar la mirada, no puede ser que a las instituciones la secuestren los servicios de inteligencia», sostuvo Negri. Por su parte, Ritondo destacó que «lo que estamos viendo es lo peor. Entre 2016 y 2023 hubo más de 1.906 espiados. Acá se trata de la desproporción de hasta dónde han llegado: de espiar ilegalmente en Argentina y utilizarlo para llevar un juicio político a la Corte Suprema y amedrentar a todos los testigos»
Con el correr de las horas se tuvo conocimiento de un dato estremecedor: de los documentos que está analizando la Justicia, apareció un parte que alude a «las internas de la AFI» que quedaron al descubierto «luego de la muerte de Alberto Nisman», el fiscal de la causa AMIA. Ello explica la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo la causa por el espionaje a los jueces de la Corte Suprema, de remitir ese material al juez
Julian Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación de la muerte de Nisman.
En ese material, denominado «Parte de información», se refiere a las vinculaciones de Milani y Pocino con la ‘inteligencia paralela’, es decir con el espionaje ilegal. Destaca «la inexplicable cantidad de errores cometidos por los encargados de la seguridad del edificio Torres Le Parc de Puerto Madero, lugar donde murió Nisman en enero de 2015».
En la causa, que se investiga como asesinato, surgen numerosas comunicaciones que tuvieron lugar en aquel trágico fin de semana y que fueron detectadas a fines de ese año por la División Fraudes Bancarios. Muchos espías o ex espías se comunciacon a través de sus celulares con sus jefes, quienes se contactaron con funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner.
Aparecen mencionados Oscar Parrilli (titular de la AFI en ese momento), el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena (número 2 de la AFI en ese momento), César Milani y Hugo Matzkin (jefe de la Policía Bonaerense en ese momento). El material, de doce carillas, fue hallado entre los dispositivos de Zanchetta y remitido a la investigación por la muerte de Nisman. Hoy, a casi nueve años del trágico suceso, reina la más escandalosa impunidad..
Los legisladores nacionales de la Coalición Cívica, entre quienes se destacan Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, solicitaron la expulsión del legislador Rodolfo Tailhade por su vinculación con el espionaje ilegal que está conmocionando a la opinión pública. «La información que ha trascendido respecto a una posible vinculación entre el diputado Tailhade y una red de espionaje ilegal de la que formarían parte Ariel Zanchetta y Fabián Conu Rodríguez, evidencia una situación de extrema gravedad institucional. Atenta contra el normal funcionamiento del Congreso y del Poder Judicial en nuestro país», expresaron en un comunicado los citados..
Horas más tarde el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la detención y posterior indagatoria del subdirector General del Servicio al Contribuyente de la AFIP, Fabián Conu Rodríguez, quien se comunicaba con Ariel Zanchetta.
También el fiscal federal reclamó «convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria en la presente causa», como así también efectuar un nuevo allanamiento a su domicilio y sus oficinas para disponer de la detención y requisa de Conu, todo ello «a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resulten de interés para la invesitgación».
El Ministerio Público considera que «según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de informes de inteligencia sobre determinados objetivos» y la publicación de información contra los ‘blancos’ seleccionados, así como también se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras «el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial».
