BUSCARÁN LLEVAR ANTE LA JUSTICIA A LOS EX FUNCIONARIOS MUNICIPALES FERNANDO Y RAÚL TORRES
Fuentes de ‘La Libertad Avanza‘ nacional, hicieron saber que «se está trabajando para requerir ante la Justicia, la investigación de dos ex funcionarios municipales de Berazategui, el abogado Fernando Torres y el ex comisario Raúl Torres, padre del anterior«.
Fernando Torres fue secretario de Economía y jefe de Gabinete del municipio berazateguense, mientras que el ex comisario Raúl Tomás Torres fue jefe de Control Urbano y de Seguridad de la comuna.
Los hechos que se llevarán a la Justicia, según dijeron. pasarán por el presunto enriquecimiento ilícito de ambos. Se sabe que cuando ingresaron a la administración pública, Torres padre poseía oficinas de una firma de rastreo satelital y de seguros en la calle 148, locales comerciales sobre 158 en Hudson, y explotaba una parte de los galpones de la ex ‘La Miranda‘ colocando rastreadores para «American Tracer«. Ambos vivían en Plátanos, en una misma vivienda.
En el caso de Fernando Adrián Torres, cursaba carrera de oficial en la Policía Bonaerense mientras estudió abogacía. Merced al poder que su padre poseía en la municipalidad, Fernando -íntimo amigo de Patricio Mussi– se hizo cargo de la Economía municipal primero, y un tiempo después, fue jefe de Gabinete.
Si bien vivía en 52 y 158, luego comenzó a mostrar un increíble crecimiento patrimonial, sumando una decena de propiedades en Berazategui, fuera de todo contexto en base a su sueldo de funcionario. Actualmente vive en el barrio «Abril«, posee grandes comercios (que incluyen una gigantesca distribuidora de jugos y gaseosas en un predio usurpado en Camino Gral. Belgrano y Sevilla) y le maneja los negocios a un discutido ex jefe de la SIDE, con oficinas en Capital Federal.
Raúl Torres, separado de la función pública por el propio Mussi, también se hizo de al menos 6 propiedades -muchos locales sobre 158 entre Bemberg y 53- y maneja una agencia de seguridad que cubre objetivos en barrios privados de la zona.
Ambos, de proseguir la movida, tendrán que rendir cuentas sobre sus incontrolados crecimientos inmobiliarios y económicos, que dificilmente se podrán justificar desde su paso por la función pública municipal.