AVANZA LA DENUNCIA PENAL CONTRA GRABOIS

Fuentes judiciales confirmaron que avanza la denuncia penal que el abogado Jorge Luis Vitale radicó contra los dirigentes piqueteros Juan Grabois, Fernanda Miño, Anabel Sa-gasti, Jorge Tanus y «quienes resulten pe-nalmente responsables por los delitos de Violación a los Deberes de Funcionarios Públicos, Negociación Incompatible con la Función Pública y Malversación de Caudales Públicos, previsto en los art. 248, 260 y 265 del Código Penal de la Nación Argentina o aquellos delitos que se investiguen y comprueben a través de su investigación».
En la denuncia, se señala que «El Poder Ejecutivo Nacional realizó una auditoria la cual fue públicamente informada a la ciudadanía, y por lo tanto ha tomado estado publico» destacando que «el Fondo Integración Social Urbano (FISU) que tenia como objetivo urbanizar villas, teniendo asignadas 6.517 obras y solo realizaron 400 habiéndoseles destinado hasta mil millones de dólares en los últimos tres años. Vale decir, que dichos fondos fueron utilizados para beneficio propio o campañas políticas, pero nunca para el fin por el cual se los había destinado».
Vitale apuntó asimismo que «El mencionado fondo se constituye el 9% con el impuesto país y el 15% con el fondo de integración social urbano. Los fondos al fideicomiso se transferían desde una unidad administrativa del estado (BIFISA) a cargo de Anabel Sagasti y Jorge Tanus el Ministerio de Habitat y por la Secretaria de integración socio urbano a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cargo de Fernanda Miño, quien es funcionaria y además integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) dirigido por Juan Grabois».
«Todo el personal del Fondo que habría cometido los ilícitos pertenecen a la Agrupación de Grabois. Fondo este que paso de tener 60 empleados a 600. La mayoría pertenecientes a dicha agrupación social. De esta manera es perceptible la connivencia entre el fondo y la agrupación» señala la presentación judicial.
Cuando esta situación tomó estado público, Grabois manifesto que «la suma era menor pero él no era funcionario público».
No obstante, la auditoria había comprobado que «las obras y el dinero de ese fondo lo manejaba a su antojo, utilizándolo también para hacer política».
Se plantea también lo llamativo que ante el saqueo que se cometía de los dineros del Estado, con las irregularidades detectadas, la malversación de fondos públicos, no se haya realizado ninguna denuncia penal pese a que quienes han detectado estas irregularidades son funcionarios y lo han dado a conocer públicamente a toda la Nación».
De esta operatoria surge que el FISU manejó en «gastos», 1.244 millones de dólares y que ese ‘gasto’ se produce en época previa a las elecciones, lo que hace suponer que «parte de ese dinero fue utilizado para financiar la política en las provincias» lo que «ya era de conocimiento desde el año 2022 y por supuestas amenazas del mismo Juan Grabois se lo dejo de auditar».
Miño era «la persona que transfería los fondos al fideicomiso».
«Este fondo recibía dinero Nacional y del BID todos manejados por Miño, quien en la realidad era dependiente de Grabois» refiere el letrado querellante.