MANTO DE SILENCIO EN EL CASO POLICIAL QUE INVOLUCRÓ A BERAZATEGUI

En aquel mes de noviembre de 2022, personal de la Policía Federal Argentina y funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense irrumpieron en la oficina del comisario Mauricio Dadín con una orden de detención en su contra. El jefe de la Policía Local de Berazategui los miró y les apuntó con su arma reglamentaria. Acto seguido, apoyó su pistola reglamentaria en su cabeza y disparó. Murió casi en el acto.
Dadín tenía 47 años.

Gracias a su tío, secretario de Seguridad de Berazategui y comisario retirado de La Bonaerense Raúl T. Torres, era el jefe de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Berazategui. Su detención había sido ordenada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, en el marco de una causa donde se investigaba la extorsión que sufrió un ciudadano peruano al que tuvieron cautivo en el viejo edificio municipal de Mitre y 14, hasta que su familia pagó 800.000 pesos por su libertad.
Por denuncia del propio narco, habían sido detenidos dos subalternos del comisario Dadín por su presunta responsabilidad en el secuestro del ciudadano peruano, que tenía antecedentes por narcomenudeo, según fuentes judiciales. Antes había sido apresado un cabo de la Gendarmería Nacional.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Capital Federal, a cargo de Eduardo Taiano, y la titular del Juzgado Federal N°5, María Eugenia Capuchetti, procesaron con prisión preventiva al Cabo de la Gendarmería Nacional Mario Orlando Andino y a los oficiales de la Policial Local de Berazategui Fabián Darío Rodríguez (mano derecha de Dadín) y Esteban Gastón Solís.
LOS ANTECEDENTES DEL DESASTRE
Los tres detenidos fueron acusados por su intervención en dos secuestros extorsivos padecidos por la víctima, ocurridos en octubre de 2020 y enero de 2021. Además, trabó embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos cada uno.
De acuerdo a la denuncia del narco peruano, el 16 de octubre de 2020, cuando llegaba a su domicilio de Tacuarí al 400, del barrio porteño de Montserrat, fue abordado por dos personas, que le colocaron dos pistolas en la cabeza y lo hicieron ingresar a su vivienda. Una vez dentro, los hombres -que vestían de civil y tenían gorras con la insignia «GNA» y chapas colgantes- se identificaron como personal de la Gendarme-ría Nacional y dijeron tener una orden de allanamiento y detención, firmada por el juez federal Rodolfo Canicobal Corral, en el marco de una presunta investigación por infracción a la Ley 23.737 de represión del narcotráfico.
Luego de revisar la vivienda, los supuestos gendarmes le exigieron dinero y le advirtieron que lo llevarían detenido, tras lo cual lo esposaron, lo retiraron del lugar y lo obligaron a comunicarse con una sobrina, a quien le demandaron 800 mil pesos en concepto de rescate.
Posteriormente, la víctima relató que los secuestradores llamaron nuevamente a la mujer y le indicaron que fuera sola a las inmediaciones del edificio de la Gendarmería Nacional, en el barrio de Retiro. Sin embargo, como ella no conocía la zona, acordaron encontrarse en la zona del Shopping Abasto, donde la mujer entregó a uno de los captores el dinero, en la intersección de las calles Zelaya y Anchorena.
La víctima fue liberada, previo a que le sus-trajeran sus efectos personales, un teléfono celular y 500 mil pesos.
Días después, la sobrina de la víctima recibió distintos llamados -a través de la apli-cación WhatsApp- en los que una persona, que se hacía pasar por integrante de una fuerza de seguridad, le exigía dinero. La misma víctima declaró también que, una semana después de su secuestro, se comunicaron con su sobrina y los citaron en el Hospital Militar. Allí, uno de los hombres que lo tuvo cautivo le refirió que «por haber realizado la entrega del dinero solicitado iban a arreglar la supuesta causa para que finalice ahí».
Sin embargo, días después, de acuerdo con el relato del damnificado, fue citado en un local de comidas rápidas, ubicado en la Avenida San Juan, donde un hombre le mostró un papel donde, supuestamente, ampliarían la investiga-ción en su contra.
Unas semanas después, la víctima recibió un mensaje de texto donde le exigieron mil dó-lares para «que cierren su causa».
En la tarde del 15 de enero de 2021 el hombre fue secuestrado nuevamente. Tal como relató, al igual que un año antes, fue abordado por dos hombres que se identificaron como policías -vestían chalecos con la inscripción «policía» y credenciales en su pecho- y le exhibieron una orden de detención y allanamiento suscripta por el juez Canicobal Corral -la cual no le permi-tieron leer- y lo obligaron a ingresar a su vivienda.
Una vez dentro del departamento, lo esposaron, revisaron el lugar y lo subieron a una camioneta blanca -perteneciente al municipio de Berazategui pero de uso oficial ´policial-, que lo trasladó hasta el edificio de Mitre y 14 de la Policía Bonaerense.
Allí, de acuerdo a sus dichos, estuvo detenido una hora hasta que apareció un nuevo sujeto, quien lo golpeó y le exigió el pago de 20 mil dólares, tras lo cual le sustrajo su teléfono celular y la billetera que tenía en su morral.
Al cabo de un tiempo, los tres captores volvieron a subir al hombre a la camioneta.
Conforme recordó el damnifi-cado, circularon por una autopista y, a la altura de un peaje, le devolvieron su teléfono, para llamar a pedir dinero para su libe-ración.
Así, pudo comunicarse con una conocida, a la que le explicó la situación. Al cabo de unos minutos, los secuestradores llamaron a la mujer, quien pudo reunir U$S 4.000, que entregó en las inmediaciones de una iglesia, en el barrio porteño de Pompeya.
La denuncia de la víctima fue trabajada por la Fiscalía Federal N°3 junto a la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos y el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina, que se basó en el testimonio de la víctima, sus allegados, y el análisis de las comunicaciones desarrolladas durante el hecho y las imágenes registradas por distintas cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urba-no de la Policía de la Ciudad.
Así, se determinó que el teléfono que utilizaba el policía Rodríguez, se activó en cercanías de la iglesia de Pompeya, donde se cobró uno de los rescates, y cerca de la vivienda de la víctima. Además, los investigadores federales establecieron que el imputado también se co-municaba con Solís, con quien se desempeñaba en la UPPL de Berazategui, cuyo jefe era Dadín, primo -también- del millonario ex funcionario municipal (e hijo de Raúl Torres) Fernando Adrián Torres.
Cerrado el círculo, fueron a detener a Dadín, quien optó por el suicidio.
Su tío decidió colocar una placa recordatoria en una dependencia del edificio donde bajo el mando de Dadín, secuestraron y extorsionaron un narco.