LA JUSTICIA FEDERAL ALLANÓ LOS LOCALES DEL CONCEJAL MATÍAS AGUIRRE
La Justicia Federal de Quilmes realizó 24 allanamientos sobre comedores, merende-ros y depósitos de organizaciones sociales involucrados en presuntos casos de extorsión contra beneficiarios del programa de Po-tenciar Trabajo y defraudación a la administración pública.
El expediente está a cargo del juez Luis Antonio Armella y el secretario Diego Quiroga en una causa que ya tiene mas de 40 imputados de organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, y CTD-Aníbal Verón, entre otras. En varios lugares encontraron alimentos vencidos, armas, marihuana, 500 mil pesos, libros contables y drogas.
También se secuestraron carpetas con posibles pruebas para la investigación sobre las denuncias de extorsión a beneficiarios de planes sociales, que eran obligados a ir a marchas de protestas o eran sancionados. Las medidas judiciales tienen sustento en las denuncias recibidas en el número telefónico 134, habilitado por el Ministerio de Segu-ridad de la Nación para denunciar las extor-siones.
Piqueteros y exfuncionarios -alrededor de 40- son investigados por «coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública».
Los investigadores que intervinieron en el operativo, se mostraron «sorprendidos e indig-nados» al llegar a un galpón, al que llaman «almacén o depósito de alimentos» ya que detrás de la puerta del lugar -donde se cree que los referentes extorsionaban a las personas que recibían planes para que asistan a las marchas- descubrieron «alimentos podridos». Había leche en polvo, harina, polenta, yerba y pan entre otros productos alimenticios.
Esos alimentos, fueron entregados en «enero por la provincia de Buenos Aires y no tuvimos tiempo de repartirlos» dijeron los involucrados.. El juzgado aún no determinó si ese es el verdadero origen de la comida que lleva allí más de seis meses. En algunos envases de «Leche en polvo entera Vidalac», tienen estampado una inscripción en negro que dice: «Prohibida su venta, Ministerio de De-sarrollo de la Comunidad Gobierno de la Provincia de Buenos Aires».
Varias partidas de ese y otros insumos están vencidos.
La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por «extorsión» y «facturas truchas» que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita tiene, al menos, una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de Luis Armella. 44 legajos son investigados con más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y entre otros lugares, cooperativas de trabajo, que utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del entonces programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas, concentraciones, volanteadas políticas y actos en estadios y espacios públicos. La mayoría de las organizaciones investigadas integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre ellas, el Movimiento Evita que encabeza Emilio Pérsico y que en Berazategui es responsable el actual concejal de Unión por la Patria Matías Aguirre; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista y Comba-tiva de Juan Carlos Alderete.
También se pesquisaron organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, referenciado en Eduardo Belliboni, Libres del Sur, su principal líder es Silvia Saravia, el Frente de Trabajadores Combativos y el MTD-Movimiento Teresa Rodríguez.
Al juzgado de Armella recayeron -en mayo- dos expedientes en los cuales Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134, el número habilitado para realizar denuncias por las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales, habían surgido de domicilios bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, cuya jurisdicción correspondía al Juzgado Federal Quilmes.
