NEGOCIO DE «BORRAMULTAS» EN LA PROVINCIA
El espinoso y poco transparente tema de las ‘fotomultas’ en territorio bonaerense, finalmente tuvo su sorpresa de parte de la Justicia, que investiga una red de abogados y gestores quienes, en concordancia con algún juez o jueza, aplicaban importantes ‘rebajas’ en los montos que debían pagar los infractores.
Berazategui no es el único distrito en el cual funcionan, en forma ilegal, las fotomultas. Como vinimos publicando, en ningún momento el Concejo Deliberante local aprobó la instalación de las cámaras para ‘fotomul-tas’ que una empresa de CABA -presuntamente ligada a Sergio Massa- comenzó a instalar en forma irregular en territorio de Be-razategui.
Según detallan las multas que le llegan a los infractores, la sanción de las mismas corresponde a la provincia de Buenos Aires.
Por ello, la provincia -legalmente- solo puede instalar las cámaras en rutas provinciales. En Berazategui cruzan tres arterias provinciales: la ruta 1 (Camino Gral. Belgrano); la 18 (Av. Mitre) y la 36 (que luego empalma con la Autovía 2).
Sin embargo, y con el silencio de los concejales locales y el guiño del municipio, se instalaron al menos 20 cámaras de ‘fotomul-tas’ en distintas arterias netamente municipales, con permiso de nadie, ya que en el deliberativo local ni siquiera ingresó un expediente sobre el tema.
Las multas que aplica esta empresa bajo la tutela del municipio de Berazategui y el Gobierno bonaerense, es de un promedio de $ 300.000 cada una.
En los lugares donde se instalan esas cámaras, deberían existir carteles preventivos como «Fiscalización de Velocidad’ o textos parecidos, pero no existen los mismos.
«BORRAMULTAS»
Una investigación judicial a manos del fiscal Álvaro Garganta y avalada por el juez Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata, sostiene que «hay expedientes del año 2022 a la fecha, cuyas multas no coinciden con la información cargada en el sistema provincial de faltas de tránsito», detallaron.
De acuerdo a la ley provincial 13.927 (capítulo 2, artículo 32), «las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías, y semi autopistas provinciales o nacionales en el territorio de la provincia, inclusive las que atraviesen el ejido urbano, serán juzgadas por la Justicia Administrativa de infracciones de tránsito Provincial».
Varios intendentes bonaerenses comenzaron a notar una fuerte baja en la recaudación por infracciones de tránsito.
Descartada una concientización masiva y repentina de los automovilistas, se comenzó a investigar el motivo de la merma de esos ingresos.
En el marco de la investigación, surge la presencia de una red de complicidades que tendría en su seno, funcionarios provincial, jueces de faltas, abogados y gestores.
En la red, habría gestorías -que promocionan «sus servicios» con carteles en la vía pública y en las redes- que ofrecen a los infractores resolverles su deuda de multas por el 50% del valor.
Con ese dinero, van al juzgado y logran que las mismas sean eliminadas por alguna razón técnica o se abone un monto menor incluso, lo cual queda a criterio del juez.
Esto produciría que la recaudación provincial y lo que corresponde a los municipios se lesione seriamente.
