ATENCIÓN TURISTAS: EN LA RUTA 11 INSTALAN UN RADAR CADA 13 KMS.
El negocio de los radares, al igual que el de las fotomultas, evidentemente es muy redituable para los municipios que cruzan la línea y arreglan sus números con empresas privadas. El ingreso a las arcas municipales -y seguramente a las ‘privadas’ también- mueve a perder el respeto hacia el contribuyente.
El tristemente célebre ‘Plan Platita’ que supo crear la trilogía Alberto, Cristina y Sergio en 2023, dejó huella para el camino a sacarle plata a todos, para sostener al empleado público.
Ahora, los radares de Fotomultas en la Ruta Provincial 11, es un negocio disfrazado de Seguridad Vial que apunta a sacarle plata a las ‘víctimas’ que pasen por allá.
Un exhaustivo análisis de la implementación de sistemas de control vehicular en la Ruta 11, revelan prácticas cuestionables que evidencian una estrategia recaudatoria más que un genuino interés por la seguridad vial en el partido de General Lavalle.
La instalación de cuatro radares de foto-multas en un tramo de aproximadamente 55 kilómetros, realizada por la empresa FLUXA bajo la autorización del intendente de Gral. Lavalle Nahuel Guardia, levanta serias sospechas sobre la verdadera intención de estos dispositivos. La ubicación calculada coincide con la ruta principal de acceso a destinos turísticos como La Costa, Pinamar y Villa Gesell, lo que sugiere una targeting deliberado de automovilistas en la temporada alta.
Elementos que cuestionan la
legitimidad preventiva de los radares
Dichos dispositivos (Cuatro radares en 55 kilómetros) representan una concentración inusualmente alta de sistemas de control, superando cualquier estándar razonable de seguridad vial.
Los dispositivos están precisamente localizados en puntos de mayor afluencia turística, justo antes del ingreso a playas populares como Santa Teresita, Costa del Este, San Bernardo y Mar de Ajó.
Impacto Económico: Las multas, según referencias locales, pueden alcanzar valores cercanos a los 500.000 pesos, lo que convierte el sistema en una fuente significativa de ingresos municipales.
Aunque la implementación se ampara en la legalidad formal, existe una delgada línea entre la prevención y el aprovechamiento económico.
La proliferación de radares genera una percepción de ‘trampa’ para automovilistas, socavando la confianza en los sistemas de control vial.
O sea. La instalación de estos sistemas por parte de FLUXA, representada por Gustavo Marano, y avalada por el municipio de General Lavalle, refleja una tendencia preocupante donde la recaudación prima sobre la seguridad real de los conductores.
Ante ello, se recomienda: Revisar la proporción de dispositivos de control por kilómetro; Implementar una estrategia de señalización preventiva más transparente.
Realizar auditorías independientes sobre la efectividad real de estos sistemas en la reducción de accidentes.
La seguridad vial no debe ser un negocio, sino un compromiso genuino con la protección de los ciudadanos.
Multimedio.com.ar
