CFK Y MAS CORRUPCIÓN: LA CORTE ENVIÓ A JUICIO A LA EX PRESIDENTA, A SU HIJO Y A VARIOS FUNCIONARIOS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, dio por agotadas y terminadas todas las instancias interpuestas por los abogados de la dos veces condenada ex presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner y elevó a juicio oral a ella, a su hijo Máximo y otros, quienes están acusados en la causa que investiga lavado de dinero y asociación ilícita por el alquiler de hoteles de la familia, conocida como ‘Causa Los Sauces – Hotesur’.
El nuevo revés judicial para Cristina Kirchner lo determinó la Corte Suprema de Justicia, cuando confirmó que la expresidenta, su hijo Máximo Kirchner y cerca de 30 acusados deben ir a juicio oral y público en la causa denominada ‘Los Sauces-Hotesur’.
Se trata de la causa que investiga lavado de dinero y asociación ilícita por el alquiler de hoteles y propiedades de la familia presidencial a empresarios, a cambio de negocios con el Estado.
El máximo tribunal de la Nación rechazó las apelaciones de las defensas y así dejó firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que había revocado los sobreseimientos de los imputados y ordenado que se haga el juicio oral y público.
«No se ha demostrado un supuesto de gravedad institucional -con la precisión y concreción que es dable exigir en este tipo de alegaciones- a fin de sortear la ausencia de una decisión definitiva o equiparable a tal. De tal modo, también respecto de este planteo el recurso carece de la fundamentación autónoma exigida por el art. 15 de la ley 48» plantea.
Y agrega: «Como tiene dicho este Tribunal, si se invoca gravedad institucional el interesado tiene una particular carga de justificación Dicha carga no se ha satisfecho en el caso, en tanto el planteo no se basa en un serio y concreto razonamiento que demuestre la concurrencia de aquella circunstancia. Así, no basta afirmar genéricamente que acude en la especie un caso de gravedad institucional en tanto ‘este proceso excede el interés individual de las personas que representamos y se proyecta sobre ámbitos de discusión pública’», sostuvo la resolución.
Esta es la segunda vez que en dos semanas, la Corte Suprema ordena que la expresidenta sea juzgada. El 5 de diciembre hizo lo propio en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, al tiempo que confirmó su sobreseimiento en la causa de dólar futuro.
El 18 de septiembre de 2023, la Casación Federal ordenó reabrir los casos Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (firma inmobiliaria) que se tramitan unificados, lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner a afrontar el juicio oral por los delitos de asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero. La única sobreseída en estos expedientes fue Florencia Kirchner.
En medio de esa discusión, el abogado Carlos Beraldi llegó ante la Corte Suprema para «revertir la decisión que obligaba a Cristina Kirchner a afrontar un nuevo juicio oral y público por presuntos hechos de corrupción».
Al igual que en el caso conocido como Pacto con Irán, el máximo tribunal integrado por su presidente, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que «no se está ante una sentencia definitiva, motivo por el cual el recurso extraordinario que se presentó fue rechazado».
Esa determinación deja firme lo manifestado por la Sala I de la Casación -conformada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña-: «Hotesur-Los Sauces debe reabrirse y todos los acusados comparecer ante un Tribunal de juicio».
La defensa de Cristina Kirchner consideró que la celebración de un juicio oral «seguramente habrá de irrogar varios años de trámite, con el consiguiente desgaste jurisdiccional que ello demandará».
El panorama judicial de Cristina Kirchner sumó otra noticia la semana pasada, cuando el Tribunal Oral Federal 7 fijó para el 6 de noviembre del año que viene el inicio del juicio oral por la causa de los «cuadernos de la corrupción». Además, el año que viene llegará a la Corte Suprema para que sea revisada la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de la obra pública en Santa Cruz.