FOTOMULTAS, EL NEGOCIO MILLONARIO DE MUNICIPIOS BONAERENSES…
Mientras muchos intendentes bonaerenses justifican las fotomultas como «una herramienta para reducir accidentes», detrás del discurso de la seguridad vial se esconde un negocio millonario que genera polémica, dudas legales y creciente rechazo social.
En los últimos años, varios municipios del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires han tercerizado el control del tránsito a empresas privadas que instalan cámaras, procesan imágenes y cobran comisiones por cada infracción detectada.
El resultado es un sistema que muchas veces prioriza la recaudación antes que la prevención. Con la legalidad en discusión, las fotomultas en territorio bonaerense están reguladas por la Ley Provincial de Tránsito N°13.927. Según la norma, para que una infracción detectada por medios automáticos sea válida, deben cumplirse ciertos requisitos: señalización clara, homologación de los dispositivos por el INTI, certificación periódica y, en caso de cámaras móviles, presencia de personal autorizado.
Sin embargo, numerosas denuncias señalan irregularidades en el procedimiento. Cámaras mal señalizadas, límites de velocidad modificados sin aviso previo, notificaciones que llegan fuera de término y falta de homologación técnica son moneda corriente. En muchos casos, los juzgados de faltas municipales actúan como cajas recaudadoras y no como organismos imparciales.
REPARTO DE GANANCIAS
El esquema habitual implica una concesión a empresas privadas que instalan el equipamiento sin costo inicial para el municipio.
A cambio, se quedan con un porcentaje -que puede llegar hasta el 50%- de cada multa cobrada. El resto va al municipio, que lo destina -en teoría- «al mantenimiento vial». Pero no siempre hay rendición de cuentas clara.
En distritos como San Isidro, La Plata, Pilar o General Pueyrredón, el número de multas creció exponencialmente tras la firma de convenios con estas empresas. Lo mismo ocurrió en comunas más chicas como Berazategui, Tigre o Florencio Varela.
En Berazategui, por ejemplo, los reclamos ciudadanos aumentaron cuando se comenzó a notificar masivamente a automovilistas por supuestos excesos de velocidad detectados por cámaras instaladas sin señalización clara.
Muchos vecinos denunciaron que «el funcionamiento nunca pasó por el Concejo Deliberante para su debida autorización», y que «el sistema funciona con fines recaudatorios y no como política preventiva».
Expertos en seguridad vial advierten que, «para que las fotomultas sean efectivas como mecanismo de prevención, deben cumplir con criterios de transparencia, legalidad y comunicación pública».
«De lo contrario, se transforman en un instrumento perverso que penaliza sin educar y castiga sin avisar» puntualizan.
Mientras tanto, los municipios embolsan millones y los automovilistas -en muchos casos- terminan pagando infracciones arbitrarias, sin saber siquiera dónde ni cuándo fueron cometidas.
