Fentanilo adulterado: Cuando la Justicia y la Salud se confunden en un apellido
El escándalo por el fentanilo adulterado vuelve a poner sobre la mesa un tema incómodo y hasta grave: la relación entre el juez federal Alejo Ramos Padilla Kreplak y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Dos hermanos en funciones clave de poder, uno encargado de impartir justicia, el otro de administrar la salud pública.
La cuestión no es menor. En un país atravesado por la sospecha permanente de connivencia política y judicial, la existencia de este vínculo familiar plantea un serio interrogante sobre la independencia de criterios y la transparencia en la investigación de un caso que dejó víctimas mortales y expuso las fallas en los controles estatales.
Nadie discute las trayectorias personales ni la capacidad técnica de los Kreplak. Pero la concentración de poder en una misma familia dentro de dos áreas tan delicadas debería, cuanto menos, encender alarmas.
La Justicia tiene la obligación de garantizar imparcialidad, y la Salud pública, de asegurar controles estrictos.
Por eso, el Gobierno debería pedir el apartamiento inmediato del juez Kreplak: no puede ser al mismo tiempo hermano del principal señalado y garante de un proceso judicial que debe ser intachable. La confianza en las instituciones se construye con transparencia, y en este caso la única forma de despejar sospechas es con un magistrado sin vínculos de sangre con los involu-crados.
El caso del fentanilo adulterado merece respuestas claras, no silencios ni sospechas. Y es el Estado el que debe dar el primer paso para que la sociedad vuelva a creer que la Justicia y la Salud funcionan en favor de la gente, no de los apellidos.
El Pueblo necesita la Verdad sobre esto.
