‘SISTEMA DÍAZ’: RED DE COBROS ILEGALES QUE SACUDE A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
Una certera auditoría de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense reveló un presunto esquema de pagos ilegales para aprobar cursos policiales en La Costa y recomendó la cesantía de más de ochenta efectivos, incluido el comisario señalado como organizador de la maniobra.
La investigación administrativa sin precedentes, sacudió a la estructura de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Una serie de documentación oficial, reveló que la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires recomendó la cesantía de más de ochenta efectivos policiales -entre ellos comisarios, subcomisarios, oficiales y sargentos– por su presunta participación en un esquema de pagos ilegales para aprobar cursos obligatorios de reentrenamiento dictados en el centro de entrenamiento La Costa.
La investigación apunta de manera central al comisario Juan Alberto Díaz, señalado como el organizador del circuito de cobros de dinero a cambio de aprobar el módulo «Operaciones Policiales», obligatorio para el personal activo. Según la auditoría, Díaz habría recibido transferencias por más de 1.394.000 entre junio de 2022 y octubre de 2023, presuntamente abonadas por decenas de policías que buscaban aprobar el curso sin asistir.
La investigación sumarial administrativa 1050-75501/623, contiene una extensa cantidad de páginas de movimientos bancarios, testimonios, descargos, nulidades planteadas, incomparecencias y defensas técnicas. Todo culminó en la recomendación de la sanción disciplinaria más grave: la expulsión.
La mecánica del fraude marcaría que Díaz era docente del módulo de «Operaciones Policiales» en el centro de entrenamiento La Costa, ubicado ruta 11 de Santa Teresita. Allí se dictaban talleres presenciales de reentrenamiento físico, primeros auxilios, defensa personal, psicología policial, tiro y derecho.
Pero, según la Auditoría, paralelamente funcionaba un sistema de pagos informales: quienes no podían o no querían asistir, podían «aprobar» el módulo transfiriendo dinero directamente a la cuenta personal del comisario -una caja de ahorro del Banco Provincia (CBU terminada en 7249/2)-. Los montos de las transferencias eran extremadamente variados: en aquellos años iban desde 3 mil hasta 103 mil pesos, dependiendo del caso.
La lista es extensa. A lo largo de decenas de páginas se detallan, con fecha, apellido y legajo, todos los pagos imputados. Sargentos, tenientes, oficiales, subinspectores y hasta capitanes habrían girado dinero a Díaz en fechas coincidentes con el periodo de cursada.
Pero la Auditoría fue tajante: la suma del volumen, las fechas y los patrones de pago constituye un indicio grave de maniobras incompatibles con el servicio.
