«OFERTA DE CARGOS» PARA APROBAR EL PRESUPUESTO 2026: CLIENTELISMO POLÍTICO DISFRAZADO DE GOBERNABILIDAD
En las últimas semanas, la Legislatura bonaerense aprobó el paquete de leyes que componen el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y, sobre todo, la llamada Ley de Financiamiento que habilita un endeudamiento por más de USD 3.600 millones. Este resultado, que el oficialismo de Axel Kicillof celebra como un triunfo político, no deja de ser un paso más en la profundización de viejas prácticas clientelares y de reparto de favores en la política provincial.
La aprobación no fue sencilla: Kicillof requirió negociaciones intensas con distintos sectores parlamentarios para alcanzar los dos tercios necesarios en la Legislatura. Y aquí radica el eje más crítico del proceso: la creación y asignación de cargos políticos y puestos en organismos públicos como moneda de cambio para asegurarse votos favorables.
Reparto de cargos como
herramienta de presión política
En concreto, una parte central del acuerdo para que la Legislatura sancione el finan-ciamiento, fue ampliar la estructura estatal en organismos como el Banco Provincia (Bapro) y otros entes del Estado provincial. La reforma a la Carta Orgánica del Bapro, aprobada junto con las leyes, habilitó una ampliación de la mesa directiva y la creación de nuevos cargos, muchos de ellos con perfiles políticos más que técnicos.
Además, se aprobó la designación de nuevos consejeros en el Consejo General de Cultura y Educación y la cobertura de vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación, con lugares asignados según el reparto pactado entre espacios políticos. Para una provincia que arrastra desde hace años una de las administraciones públicas más grandes del país, estas nuevas designaciones no sólo incrementan el gasto recurrente, sino que refuerzan la percepción de que la política de empleo público sigue siendo usada como herramienta de negociación legislativa más que como respuesta a necesidades concretas de gestión.
endeudamiento y expansión
La operación política es particularmente contradictoria: mientras el gobierno provincial argumenta la necesidad de endeudarse para mantener servicios básicos y financiar obras públicas, acepta ampliar estructuras de poder con nuevos cargos que implican mayores erogaciones.
Esta dualidad fue duramente criticada incluso desde sectores tradicionalmente afines, que señalan que pedir crédito externo al mismo tiempo que se expande la planta política es una señal de desorden fiscal y falta de prioridades claras. Una voz crítica destacada fue la de Manuel Passaglia -exintendente y referente de uno de los espacios opositores en la Legislatura- quien calificó de «escandaloso» que «Kicillof agregue cargos en el Banco Provincia mientras solicita endeudamiento porque la plata no alcanza! serán los bonaerenses quienes lo paguen a través de impuestos».
La lógica de la política de siempre es: «En tiempos donde la crisis económica y la discusión por el tamaño del Estado son temas estructurales para la provincia más grande del país, la política de Kicillof no rompe con los patrones tradicionales del peronismo: generar empleo público vinculándolo a redes de poder, usar cargos estatales como fichas de negociación y sostener estructuras redistributivas que, sin planificación clara, terminan consolidando clientelismos».
La aprobación del Presupuesto 2026, en ese sentido, no marca una excepción, sino «una reafirmación de la lógica política que la ciudadanía cuestiona desde hace años».
¿gobernabilidad o retribución?
Que Kicillof haya conseguido sacar adelante su proyecto presupuestario es, desde la mirada del oficialismo, «una demostración de fuerza política». Sin embargo, analizar las condiciones y los instrumentos utilizados -especialmente el reparto de cargos- obliga a preguntarse si se trata de una política de gobernabilidad responsable o de una transacción política que sacrifica eficiencia fiscal por estabilidad parlamentaria.
Mientras los indicadores económicos y sociales de la provincia continúan presionando a la baja, el uso de cargos públicos como recurso negociador no hace más que consolidar las peores prácticas de la política bonaerense, alejando la discusión de fondo sobre el tamaño del Estado y la eficacia del gasto público que tanto se reclama.
