¿ SE SUMARÁ LA POLICÍA BONAERENSE A LAS PROTESTAS POR LOS BAJOS SUELDOS?
El malestar por los salarios en la provincia de Buenos Aires atraviesa a distintos sectores estatales, y la Policía Bonaerense no es la excepción. En las últimas semanas, el reclamo por recomposición salarial volvió a instalarse con fuerza en grupos de efectivos y retirados, alimentando la pregunta inevitable: ¿puede la fuerza sumarse a las protestas por los bajos sueldos?
La discusión salarial en la Bonaerense no es nueva. Desde la histórica protesta de septiembre de 2020 -cuando patrulleros rodearon la Quinta de Olivos y la residencia del gobernador Axel Kicillof- cualquier señal de malestar en la fuerza es observada con especial atención política e institucional.
El principal reclamo gira en torno al salario básico, las horas adicionales (Cores), el valor de la compensación por riesgo y la situación de retirados y pensionados, cuyos haberes suelen quedar desfasados frente a la inflación.
En un contexto de ajuste fiscal y caída del poder adquisitivo, el atraso salarial vuelve a ser eje de discusión interna.
A diferencia de otros trabajadores estatales, la Policía Bonaerense no tiene derecho a sindicalización ni a huelga. La legislación vigente prohíbe expresamente la agremiación y cualquier medida que afecte la prestación del servicio de seguridad.
Sin embargo, la experiencia de 2020 demostró que el malestar puede canalizarse por vías informales: autoconvocatorias a través de redes sociales, concentración de móviles o visibilización pública de reclamos sin conducción gremial formal.
Esa modalidad -espontánea y sin estructura sindical- es la que genera mayor preocupación en el poder político, ya que dificulta la negociación institucional y puede escalar rápidamente.
En un año atravesado por tensiones presupuestarias entre Nación y Provincia, el margen para otorgar aumentos signi-ficativos es acotado. La administración bonaerense viene aplicando incrementos escalonados, pero en la fuerza consideran que no alcanzan a compensar la inflación acumulada.
A esto se suma un clima social complejo: aumento del delito en algunos distritos, mayor exposición mediática de hechos de inseguridad y presión permanente sobre la fuerza.
En ese contexto, el desgaste interno se profundiza.
No obstante, desde el ministerio de Seguridad buscan evitar cualquier esce-nario de protesta visible, manteniendo canales de diálogo internos y monitoreando posibles focos de autoconvocatoria.
Por el momento no existe una convocatoria formal ni señales concretas de movilización masiva.
El malestar es palpable, pero también lo es el recuerdo de las consecuencias disci-plinarias que enfrentaron algunos efectivos tras la protesta de 2020.
El escenario más probable, según fuentes consultadas en ámbitos de seguridad, es la continuidad del reclamo por vías infor-males -mensajes en grupos internos, difusión de comparativas salariales y pedidos de actualización- antes que una protesta abierta.
Sin embargo, en la Bonaerense el termómetro cambia rápido.
Y cuando el bolsillo aprieta, la tensión puede escalar en cuestión de días.
La prohibición de sindicalizarse o realizar huelgas a los trabajadores uniformados, algún día deberá ordenarse con una nueva ley que no inhiba los derechos constitucionales de la Policía Bonaerense.
La pregunta, entonces, no es solo si habrá pro-testa, sino qué margen político y fiscal tiene la Provincia para desactivar el conflicto antes de que se haga visible.
