EL PACTO INCÓMODO Y LAS ZONAS GRISES DEL PERONISMO FRENTE AL GOLPE DEL ‘76

Durante décadas, el relato político argentino tendió a simplificar el origen del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 como una irrupción puramente militar contra un orden democrático.
Sin embargo, la evidencia documental y los testimonios de época muestran un escenario más incómodo: sectores del propio peronismo no sólo no resistieron el golpe, sino que contribuyeron -por acción, omisión o cálculo- a generar las condiciones para su consumación.
LOS DECRETOS QUE ANTICIPARON EL TERROR

Uno de los elementos más contundentes es la política represiva previa al golpe.
En octubre de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón firmó los decretos 2770, 2771 y 2772 que ordenaban a las Fuer-zas Armadas «aniquilar el accionar de los elementos subversivos».
El término no era menor: «aniquilar» impli-caba, en la doctrina militar, la eliminación física del enemigo.
El historiador Marcos Novaro sostiene en Historia de la Argentina 1955-2010 que esos decretos «legalizaron la intervención militar en la seguridad interna y sentaron las bases normativas del accionar represivo posterior».
En la misma línea, Vicente Palermo remarca que el gobierno constitucional «delegó en las Fuerzas Armadas un poder que luego no pudo ni quiso controlar».
LA TRIPLE A: TERRORISMO DE ESTADO ANTES DEL GOLPE

Antes de que los militares tomaran el poder, el aparato represivo ilegal ya estaba en mar-cha.
La Triple A, dirigida por el ministro de Bienestar Social José López Rega, ejecutó centenares de asesinatos entre 1973 y 1975.
El periodista Horacio Verbitsky documentó en Ezeiza y otras investigaciones que la Triple A «operaba con financiamiento estatal, listas negras y cobertura policial».
Según el informe de la CONADEP (Nunca Más, 1984), este aparato parapolicial fue un antecedente directo del sistema de desapa-rición forzada que luego perfeccionó la dictadura.
SINDICALISMO Y CONTACTOS CON MILITARES
Otro punto clave es la conducta de sectores del sindicalismo peronis-ta.
Dirigentes de peso man-tuvieron canales abiertos con las Fuerzas Armadas en los meses previos al golpe.
El caso de Lorenzo Miguel, líder de la UOM, es paradigmá-tico. Diversos trabajos -como los de Juan Carlos Torre- señalan que «el sindi-calismo tradicional priorizó pre-servar su estructura antes que confrontar con el avance militar».
Incluso el propio Ítalo Luder, presiden-te provisional en 1975, defendió años después la legalidad de los decretos represivos, afirmando que «se trató de una decisión nece-saria frente a la violencia política».
ADVERTENCIAS IGNORADAS
Las señales del golpe eran públicas. El 18 de diciembre de 1975, el intento fallido de levantamiento encabezado por el brigadier Orlando Ramón Agosti anticipó lo que ven-dría.
La respuesta política fue débil y descoor-dinada.
El diario La Nación editorializaba en esos meses sobre la necesidad de «orden», mientras sectores empresariales y políticos comenzaban a ver a los militares como garantes de estabilidad.
El historiador Luis Alberto Romero describe ese clima como una «aceptación creciente de una salida autoritaria frente al caos».
EL SILENCIO COMO FORMA DE ACUERDO
No hubo -al menos en lo documentado- un acta firmada entre el peronismo y las Fuer-zas Armadas. Pero sí existió algo más sutil: un consenso implícito.
Cuando el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno e ins-tauraron el Proceso de Reorganización Nacional, no hubo resistencia orgánica del aparato peronista.
Ni movilización sindical masiva, ni defensa institucional efectiva.
Para el sociólogo Daniel James, esto no fue casual: «el movimiento estaba fragmentado, desbordado por su propia violencia interna y sin capacidad de respuesta».
Hubo una responsabilidad incómoda. Nada de esto equipara responsabilidades con la dictadura, cuyo plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición no tiene equivalentes.
Pero sí cuestiona la narrativa de una ino-cencia total.
El peronismo no fue un actor pasivo.
Fue, en muchos casos, parte del problema que decía combatir.
La principal violencia en el país se vivía a manos de bandas de delincuentes terroristas «peronistas», como Montoneros, FAL, FAP y otros pistoleros quienes amparados en una situación política incontrolada, «en nombre» del peronismo mataban, secues-traban, se alzaban con millones de dólares malhabidos, y todo lo que acompañaba el accionar armado de quienes decían «apoyar» al peronismo.
La organización criminal «Montoneros» había sido creada por el propio Perón para matar a Aramburu e instalar la lucha armada para su propio retorno que luego, por el poder de López Rega, quedó lejos del General.
Reconocerlo no es un gesto revisionista provocador: es una exigencia mínima de honestidad histórica.