VTV: EL GRAN NEGOCIO MONOPÓLICO DE KICILLOF
La VTV en la Provincia, sin dudas un negocio multimillonario, cautivo y con poca transparencia, que sigue sacando la plata de los contribuyentes.
En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular dejó hace tiempo de ser solo un control de seguridad para convertirse en una maquinaria de recaudación sostenida, obligatoria y altamente rentable. Con una tarifa que en 2026 ronda los $97.000 por vehículo, millones de bonaerenses pasan cada año por las plantas de VTV. El resultado: una caja que mueve cifras difíciles de ignorar.
Con una recaudación que escala a miles de millones por mes, las estimaciones más prudentes ubican la recaudación actual del sistema entre $80.000 y $120.000 millones anuales.
Es decir, entre $6.500 y $10.000 millones por mes.
Se trata de ingresos constantes, garantizados por ley, sin competencia real y con demanda cautiva: si no pagás, no podés circular.
EN EL ‘REPARTO’, EL ESTADO COBRA POCO, LOS PRIVADOS CASI TODO
El esquema de la VTV bonaerense funciona bajo concesiones privadas otorgadas por el Estado provincial. Pero el reparto es llamativo: Solo alrededor del 20% queda en manos del Estado. El 80% restante va a las empresas concesionarias.
Traducido: de cada 10 pesos que paga un automovilista, apenas 2 ingresan a la Provincia. El resto alimenta un negocio privado asegurado por normativa pública.
Y se trata de un sistema con miles de emple-ados y pocas explicaciones.
El entramado de la VTV incluye: Entre 3.000 y 6.000 trabajadores directos; decenas de plantas distribuidas en zonas concesionadas; empresas que operan desde hace décadas con contratos prorrogados-
Aunque el sistema genera empleo, la magnitud del negocio contrasta con la escasa información oficial consolidada: no hay datos claros, públicos y actualizados sobre facturación, costos ni márgenes.
CONCESIONES ETERNAS Y NOMBRES QUE SE REPITEN
Las plantas están en manos de un grupo reducido de empresas que manejan distintas zonas del territorio. Muchas de estas concesiones se remontan a los años ‘90 y fueron extendidas sucesivamente por dis-tintos gobiernos.
El resultado es un esquema cerrado, con poca rotación y sin licitaciones com-petitivas recientes que permitan auditar si los costos y tarifas son razonables.
La pregunta incómoda es: ¿dónde está la mejora? El argumento central de la VTV es la seguridad vial.
Sin embargo: No hay evidencia contundente de una mejora proporcional en sinies-tralidad.
El estado de muchas rutas provinciales sigue siendo crítico; La inver-sión visible en infraestructura no refleja el volumen recaudado.
Esto abre una pregunta inevitable: ¿El sis-tema está pensado para prevenir accidentes o para garantizar ingresos?
UN MODELO BAJO SOSPECHA
Con tarifas en constante aumento, controles obligatorios y millones de usuarios cau-tivos, muestran claramente el enorme negocio bonaerense, como siempre, a costas del contribuyente, sin rendición de cuentas, una caja abierta para los que la manejan…
