LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS ATAQUES A PERIODISTAS POR INFORMAR

Libertad de prensa bajo asedio: cuando el poder le teme a la palabra

La libertad de prensa no es una concesión graciosa del poder político ni un privilegio corporativo de periodistas y medios: es un derecho constitucional, una garantía esencial de la República y una condición indispensable para la existencia misma de la democracia. Cuando un gobierno hostiga, desacredita, persigue o intenta disciplinar al periodismo, no está atacando a una profesión: está atacando el derecho de los ciudadanos a saber.

La Constitución Nacional argentina, en su artículo 14, consagra con claridad el derecho de «publicar las ideas por la prensa sin censura previa«. No es una frase decorativa ni una reliquia jurídica: es uno de los pilares fundacionales del sistema republicano. A ello se suma el artículo 32, que impide al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, y el artículo 75 inciso 22, que incorpora tratados internacionales de derechos humanos que blindan aún más la libertad de expresión.

Sin prensa libre, no hay control del poder. Sin periodistas incómodos, no hay transparencia. Sin preguntas molestas, prosperan la corrupción, la arbitrariedad y el abuso.

Sin embargo, en la Argentina contemporánea, el periodismo vuelve a estar bajo sospecha. Desde el poder se ha instalado una peligrosa narrativa: todo periodista crítico es un enemigo, un operador, un mercenario o un obstáculo para la «verdadera voluntad popular«. El discurso oficial no debate: descalifica. No responde: agrede. No explica: señala.

Ese mecanismo no es nuevo, pero sí profundamente nocivo. La demonización del periodismo como estrategia de construcción política erosiona la convivencia democrática. Cuando desde el atril presidencial, desde vocerías oficiales o desde usinas digitales cercanas al poder se alienta el escrache, la estigmatización y el linchamiento público de periodistas, no se trata de una simple disputa verbal: se genera un clima de intimidación.

El mensaje implícito es brutal: «si investigás, si preguntás, si incomodás, te convertís en objetivo«.

Eso no es libertad de expresión. Eso es disciplinamiento.

La crítica al periodismo, por supuesto, es válida. Ningún periodista está por encima del escrutinio público. Pero una cosa es cuestionar una nota, una editorial o una línea informativa; otra muy distinta es utilizar el aparato del poder para desacreditar sistemáticamente a la prensa independiente. Cuando el Estado, directa o indirectamente, busca condicionar la labor periodística mediante presión política, económica o simbólica, la democracia entra en zona de riesgo.

El periodismo no debe ser oficialista ni opositor: debe ser libre. Su función no es agradar al gobierno de turno, sino incomodarlo cuando sea necesario. El periodista no está para aplaudir al poder sino para vigilarlo.

Los gobiernos autoritarios siempre entienden esto antes que nadie: por eso primero avanzan sobre la prensa. Porque saben que una sociedad informada es más difícil de manipular. Porque saben que la verdad molesta. Porque saben que el silencio comprado vale más que mil discursos.

La Argentina tiene una larga historia de censura, persecución y silenciamiento. Desde los tiempos más oscuros de la dictadura hasta los aprietes más sofisticados de la democracia degradada, la tentación de controlar el relato siempre estuvo presente. Cambian los métodos, no la intención.

Hoy no hacen falta clausuras brutales ni censores con uniforme. Basta con la maquinaria de la deslegitimación permanente, la presión económica selectiva, el uso partidario de la pauta, la amenaza judicial o el ejército digital dispuesto a destruir reputaciones.

La libertad de prensa no se pierde de golpe: se erosiona lentamente, entre aplausos fanáticos y silencios convenientes.

Defender al periodismo no significa defender errores ni blindar privilegios. Significa defender el derecho ciudadano a recibir información, a conocer lo que el poder preferiría ocultar.

Cuando un gobierno ataca periodistas, no está peleando con una redacción: está discutiendo con la Constitución.

Y cuando una sociedad naturaliza ese ataque, empieza a perder mucho más que titulares: empieza a perder su libertad.