ANDIS, KARINA MILEI Y SOBREPRECIOS DEL 4.200%
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar en el centro de un escándalo que desnuda, una vez más, cómo la corrupción puede convertir la necesidad humana en un negocio obsceno.
Mientras miles de personas con discapacidad esperan durante meses una silla de ruedas, un andador o una prótesis para recuperar algo de dignidad, una auditoría oficial detectó compras con sobreprecios de hasta el 4.239%. Sí: cuatro mil por ciento.
El caso golpea de lleno al discurso moralizador del gobierno de Javier Milei. Porque el relato libertario prometía terminar con «la casta», con los curros del Estado y con los intermediarios que hacían negocios a costa del contribuyente. Sin embargo, lo que surge de la investigación judicial es exactamente lo contrario: un entramado de proveedores privilegiados, licitaciones digitadas y funcionarios sospechados de haber convertido a la discapacidad en una caja multimillonaria.
Los números producen indignación. Según el informe del Ministerio de Salud, hubo sillas de ruedas facturadas a 19 millones de pesos cuando el valor de referencia rondaba apenas 1,3 millones. También se detectaron andadores con incrementos superiores al 4.000% y prótesis vendidas al Estado a precios delirantes. En algunos casos,
la ANDIS llegó a pagar veinte veces más que otros organismos públicos por el mismo insumo médico.
Pero el problema no es solamente económico. Es moral. Porque detrás de cada expediente inflado hay una persona vulnerable esperando ayuda. Detrás de cada factura adulterada hay una familia desesperada intentando conseguir un elemento básico para vivir. Y detrás de cada sobreprecio hay recursos públicos que podrían haber servido para asistir a miles de argentinos con discapacidad y terminaron, presuntamente, alimentando negocios privados.
La investigación judicial apunta a una red de empresas y ex funcionarios que habría manipulado contrataciones a través del sistema SIIPFIS, un mecanismo creado supuestamente para agilizar compras, pero que terminó funcionando -según el fiscal Franco Picardi- como una herramienta para direccionar adjudicaciones y simular competencia entre proveedores vinculados entre sí.
Entre los nombres mencionados aparecen ex autoridades de ANDIS, empresarios del rubro ortopédico y droguerías favorecidas con contratos millonarios. Incluso se investiga si existió un esquema de retornos y coimas. La Justicia ya citó a decenas de personas a declaración indagatoria y el expediente amenaza con convertirse en uno de los mayores casos de corrupción sanitaria de los últimos años.
El impacto político también es devastador. Porque el Gobierno no puede refugiarse esta vez en la herencia recibida ni en los «ñoquis kirchneristas». Las maniobras investigadas ocurrieron durante 2025, bajo administración libertaria. Y aunque algunos sectores oficiales intenten presentar el caso como una auditoría exitosa del propio Ejecutivo, la realidad es que el escándalo expone graves fallas de control dentro del Estado que Milei prometió sanear.
La contradicción es brutal: mientras se recortan pensiones, se endurecen auditorías a personas discapacitadas y se habla de ajuste fiscal permanente, aparecen contratos con cifras astronómicas para compras sospechadas de corrupción.
El mensaje que recibe la sociedad es demoledor: para el ciudadano común no hay plata, pero para ciertos negocios siempre aparece una puerta abierta.
La discapacidad no puede transformarse en territorio de saqueo político ni empresarial. Porque cuando el Estado paga una silla de ruedas con un 1.300% de sobreprecio, no solamente roba dinero público: le roba calidad de vida a quienes más necesitan asistencia. Y eso, además de corrupción, es una forma cruel de abandono social.
