LA MARCHA POR LA SALUD PÚBLICA PROFUNDIZÓ LA PELEA ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA
La Marcha Federal por la Salud Pública reunió a miles de trabajadores de hospitales, médicos, residentes, estudiantes y organizaciones sociales que se movilizaron desde el ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema sanitario.
La protesta se realizó bajo la consigna «La salud no puede esperar» y tuvo como eje prin-cipal el rechazo a los recortes presu-puestarios, el desfinanciamiento de progra-mas nacionales y la crisis que atraviesan hospitales públicos en todo el país. Entre los reclamos también aparecieron la falta de medicamentos, el deterioro de prestaciones y el impacto del ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.
La movilización estuvo encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por gremios como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, entre más de 140 organizaciones sindicales y sociales.
«La Salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar», afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El dirigente aseguró además que «es inmi-nente el cierre de numerosos servicios hospi-talarios, el ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria y se está traduc-iendo en enfermedad y muerte».
Desde las organizaciones convocantes seña-laron que, «desde la llegada de Milei a la pre-sidencia, el presupuesto ejecutado del Minis-terio de Salud cayó un 40%, mientras que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé nuevos recortes, superiores a los 63 mil millones de pesos».
También advirtieron que más de 742 mil per-sonas perdieron cobertura médica, que el programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3 y que el presupuesto del PAMI sufrió un recorte cercano al 40%, generando deudas con prestadores y dificultades para acceder a turnos y tratamientos.
En el documento leído durante la movilización también se denunció el desmantelamiento de políticas sanitarias nacionales, como el cierre del plan ENIA de prevención del emba-razo adolescente, el recorte en vacunación y la pérdida de autonomía de hospitales nacionales.
Mientras los manifestantes responsabilizaron al Gobierno nacional por el deterioro sani-tario, desde la Casa Rosada buscaron trasla-dar parte de la presión a la administración bonaerense de Axel Kicillof.
El ministerio de Salud nacional puso el foco en la situación de los hospitales SAMIC y del Hospital Garrahan, que funcionan bajo un esquema de financiamiento compartido entre Nación y las provincias.
Según denunciaron desde la cartera sanitaria, la provincia de Buenos Aires mantiene una deuda acumulada superior a los 630 mil millones de pesos.
En ese marco, el Gobierno expuso un caso sensible: 814 chicos esperan prótesis para poder operarse en el Garrahan porque la provincia no habría realizado las entregas correspondientes.
Según señalaron fuentes oficiales, «algunas cirugías debieron ser reprogramadas y otros pacientes incluso fueron derivados tras al-canzar la mayoría de edad mientras aguar-daban una respuesta».
