LOS NARCOS CAMPESINOS, TROPAS DE EVO MORALES, ATACAN LA DEMOCRACIA DE BOLIVIA
La democracia no siempre cae con tanques en la calle. A veces se erosiona lentamente, bloqueando rutas, sitiando ciudades, sembrando miedo y utilizando a sectores violentos como fuerza de choque política. Eso es lo que hoy atraviesa Bolivia: una peligrosa mezcla entre fanatismo ideológico, estructuras sindicales radicalizadas y sospechas cada vez más fuertes de financiamiento narco alrededor del movimiento que responde al expresidente Evo Morales.
Los disturbios que paralizan distintas regiones bolivianas ya dejaron muertos, desabastecimiento y un país al borde de una fractura institucional. El gobierno de Rodrigo Paz denunció abiertamente un intento de «desestabilización» y acusó a sectores vinculados a Morales de impulsar bloqueos violentos y acciones coordinadas para quebrar el orden democrático.
El problema de fondo no es solamente la protesta social. En democracia, protestar es legítimo. Lo grave es cuando la protesta se convierte en extorsión política permanente y cuando detrás de ella aparecen estructuras que históricamente convivieron con el negocio de la coca excedentaria y el narcotráfico en el Chapare boliviano, el bastión político de Morales.
Incluso medios internacionales reflejaron las denuncias oficiales sobre presunto financiamiento narco a las movilizaciones.
Bolivia vive hoy la consecuencia de un modelo que durante años confundió poder popular con impunidad política. Morales construyó un liderazgo fuerte apoyado en sectores indígenas y campesinos, pero también dejó una pesada herencia: la natu-ralización del bloqueo como método político y la degradación de las instituciones cuando estas no respondían a sus intereses. Ya en 2016 desconoció el resultado de un referéndum que le impedía buscar otra reelección, abriendo una profunda crisis de legitimidad democrática.
Lo que ocurre ahora tiene un componente todavía más inquietante: grupos radicalizados que operan como verdaderas milicias de presión territorial. Cortes de rutas, cercos urbanos, ataques a fuerzas de seguridad y ocupaciones violentas dejaron a ciudades enteras sin alimentos ni medicamentos. Reuters y otros medios internacionales describieron un escenario de caos creciente y denuncias oficiales de intento de quiebre institucional.
El relato romántico de la «resistencia popu-lar» empieza a derrumbarse cuando los métodos se parecen más a una lógica mafiosa que a una disputa democrática. Porque la democracia se basa en votos, instituciones y alternancia. No en aprietes callejeros financiados desde estructuras opacas. No en paralizar un país hasta forzar la caída de un gobierno elegido constitucionalmente.
Hay un dato político imposible de ignorar: cada vez que Morales pierde centralidad institucional, Bolivia entra en combustión.
La crisis actual parece demostrar que ciertos liderazgos populistas no toleran quedar afuera del poder y necesitan man-tener al país en tensión permanente para conservar influencia.
La tragedia boliviana es también una adver-tencia regional. América Latina ya conoce demasiado bien el vínculo tóxico entre narcotráfico, populismo y debilitamiento institucional. Cuando las fronteras entre militancia política y estructuras criminales se vuelven difusas, la democracia deja de ser una convivencia de diferencias y empieza a convertirse en rehén del miedo.
Bolivia enfrenta hoy una pregunta decisiva: si seguirá siendo una democracia imperfecta pero institucional, o si quedará atrapada en la lógica de la presión callejera permanente impulsada por caudillos que confunden pueblo con propiedad personal del Estado.
