ESCUELAS A MEDIO HACER, EL ABANDONO DE NACIÓN Y LA RESPUESTA DE KICILLOF
La educación suele ser el terreno donde los discursos políticos encuentran menos resistencia. Todos dicen defenderla. Todos aseguran que es la llave del futuro.
Sin embargo, cuando se observan los hechos concretos, la realidad suele desmentir las proclamas. En la provincia de Buenos Aires, decenas de escuelas quedaron atrapadas en ese abismo que separa las palabras de las decisiones presupuestarias.
Desde la llegada de Javier Milei a la Presi-dencia, el Gobierno nacional decidió paralizar prácticamente la totalidad de la obra públi-ca. La medida, presentada como parte de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal, impactó de lleno sobre proyectos de infraes-tructura educativa que ya estaban en marcha. Según denunció reiteradamente el gobernador Axel Kicillof, unas 80 obras escolares financiadas por Nación quedaron detenidas en territorio bonaerense.
La consecuencia es sencilla de explicar: aulas que no se construyen, jardines que no se inauguran y miles de estudiantes que continúan cursando en establecimientos saturados o con infraestructura insufi-ciente.
Para el Gobierno provincial, no se trata solamente de un recorte presupuestario. Kicillof sostiene que detrás de la decisión existe una concepción ideológica que considera a la educación pública como un gasto y no como una inversión.
En varias inauguraciones de escuelas finan-ciadas por la Provincia, el mandatario contra-puso dos modelos: uno que paraliza obras para reducir el gasto estatal y otro que continúa construyendo estableci-mientos educativos aun en un contexto de fuerte restricción fiscal.
La respuesta bonaerense fue intentar reem-plazar, al menos parcialmente, la ausencia nacional.
La administración provincial puso en marcha mecanismos para reactivar algunas obras abandonadas y anunció proyectos legislativos destinados a intervenir construc-ciones paralizadas por Nación, además de «reclamar judicialmente fondos adeuda-dos».
Kicillof llegó incluso a plantear que «la Provincia debe hacerse cargo de emprendi-mientos que originalmente no le correspon-dían para evitar que queden convertidos en esqueletos de cemento dispersos por el terri-torio bonaerense».
La discusión, sin embargo, excede la cuestión administrativa.
El verdadero interrogante es qué sucede con una sociedad cuando la infraestructura educa-tiva deja de ser una prioridad. Una escuela que no se termina no es simplemen-te una obra inconclusa: es un laboratorio que no existe, una biblioteca que no abre, un aula que seguirá faltando para cientos de chicos.
Mientras la Casa Rosada defiende el ajuste como condición indispensable para ordenar las cuentas públicas, la Provincia denuncia que el costo de esa decisión recae sobre derechos básicos que deberían permanecer fuera de cualquier motosierra. Allí radica el núcleo del conflicto. No es solamente una pelea entre Milei y Kicillof. Es una disputa sobre qué lugar ocupa la educación pública en el proyecto de país.
Porque los números fiscales pueden exhibir-se en una planilla de Excel. Pero las escuelas abandonadas quedan a la vista de todos.
