INOCENCIA FISCAL: CUANDO EL PODER DECIDE ABSOLVERSE A SÍ MISMO

Hay un viejo principio republicano que sostiene que quien administra el Estado debe rendir cuentas con mayor rigor que cualquier ciudadano común. Pero en la Argentina de hoy parece estar ocurriendo exactamente lo contrario: mientras el contribuyente sigue bajo la lupa permanente de los organismos de control, los funcionarios comienzan a encontrar un cómodo paraguas político y jurídico bajo el llamado régimen de «Ino-cencia Fiscal».
El concepto suena amable. Incluso razonable. Nadie debería ser considerado culpable sin pruebas. El problema aparece cuando esa presunción de inocencia deja de ser un derecho constitucional para transformarse en un escudo preventivo que desalienta inves-tigaciones, relativiza irregularidades y convierte cualquier denuncia en una su-puesta persecución política.
En los hechos, el mensaje que recibe la sociedad es preocupante: al ciudadano se le exige demostrar hasta el último peso de sus ingresos, mientras quienes manejan presupuestos millonarios, firman contrata-ciones, autorizan pagos y toman decisiones de enorme impacto económico parecen quedar protegidos por una especie de inmu-nidad narrativa.
Antes de investigar, ya se instala la idea de que cualquier sospecha es una operación.
La transparencia nunca fue compatible con los privilegios. Tampoco con las zonas grises. Un funcionario público administra recur-sos que no le pertenecen. Cada peso proviene del esfuerzo de millones de contribuyentes. Por eso el estándar de control debería ser más alto, no más bajo.
Sin embargo, el nuevo clima polí-tico parece apuntar en sentido inverso. Bajo el argumento de terminar con los «excesos» de cier-tos organismos o evitar persecu-ciones adminis-trativas, se corre el riesgo de desarmar herramientas de fiscalización que durante décadas per-mitieron detectar incompatibilidades patrimoniales, enri-quecimientos difí-ciles de explicar o maniobras de eva-sión.
El mayor peligro del llamado «blindaje de la inocencia fiscal» no es jurídico. Es cultural. Cuando desde el propio Estado se instala la idea de que investigar incomoda demasiado o que exigir explicaciones constituye una caza de brujas, la consecuencia es inevitable: disminuye la prevención, aumenta la opacidad y se deteriora la confianza pública.
La presunción de inocencia debe existir, por supuesto. Es un derecho constitucional irre-nunciable. Pero jamás puede confundirse con una presunción de impunidad.
Entre una garantía individual y un blindaje político existe una diferencia enorme.
La necesidad es que el Estado sea transpa-rente y que quienes administran dinero público sepan que deberán explicar cada decisión, cada contrato y cada incremento patrimonial.
Porque cuando el poder empieza a blindarse a sí mismo bajo el discurso de la «inocencia fiscal», el riesgo es evidente: la carga de la prueba deja de pesar sobre quien maneja los recursos públicos y termina recayendo, una vez más, sobre una sociedad que observa cómo las reglas parecen volverse cada vez más flexibles para quienes las escriben.
En una República, la confianza no se decreta. Se construye con controles, rendición de cuentas y transparencia.
Todo lo demás, por más elegante que suene el nombre elegido, se parece demasiado a un privilegio.