PARIS, VIAJE SOSPECHADO DE CORRUPCIÓN Y UN MINISTRO MAS EN LA MIRA…
Hay escenas que, aunque no constituyan un delito, son un problema político e institucional. Y, muchas veces, son peores: porque erosionan la confianza.
Mientras el Gobierno de Javier Milei enfrenta investigaciones judiciales que alcanzan a funcionarios de su administración, una delegación oficial viajó a París para participar de actividades vinculadas al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Hasta allí, nada extraordinario. Lo llamativo fue la integración de esa comitiva.
El ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahíques encabezó una representación en la que también participaron los reconocidos jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello.
Dos magistrados que tienen bajo su órbita expedientes sensibles para la Casa Rosada.
Lijo interviene en investigaciones donde aparecen mencionados el jefe de Gabinete presidencial Manuel Adorni y funcionarios del entorno presidencial.
Casanello, por su parte, lleva adelante causas que involucran a Karina Milei y la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), organismo atravesado por denuncias que incomodan al oficialismo.
La pregunta no es si el viaje fue legal.
Probablemente lo haya sido. La verdadera pregunta es otra: ¿era conveniente?.
Porque la independencia judicial no se limita a dictar sentencias imparciales. También exige parecer independiente.
La imagen de jueces compartiendo una misión oficial organizada por el mismo Estado cuyos funcionarios son objeto de investigaciones, inevitablemente genera interrogantes.
No hacen falta sobres, llamados telefónicos ni presiones explícitas.
En democracia, la confianza también se construye evitando las zonas grises.
El Gobierno sostiene una narrativa de lucha contra «la casta», privilegios y viejas prácticas de la política.
Sin embargo, cuando aparecen fotografías, viajes y agendas compartidas entre integrantes del Poder Ejecutivo y magistrados que deben controlar a ese mismo poder, el discurso empieza a resquebrajarse.
No se trata de sospechar automáticamente de la honorabilidad de Lijo o Casanello. Tampoco de afirmar que un viaje condiciona una resolución judicial.
Se trata de comprender que las instituciones viven tanto de las decisiones como de los símbolos.
Y los símbolos importan.
La Corte Suprema lo ha repetido en distintas oportunidades que la independencia judicial debe ser real, pero también percibida por la sociedad.
Esa percepción se debilita cuando quienes deben investigar al poder aparecen integrando delegaciones oficiales junto al propio poder.
Paradójicamente, el viaje tenía como eje for-talecer mecanismos de transparencia y pre-vención del lavado de activos.
Una agenda internacional que exige están-dares elevados de integridad pública.
Quizás por eso la fotografía resulte todavía más incómoda.
Porque mientras en París se hablaba de fortalecer instituciones, en Argentina muchos ciudadanos se preguntaban si es saludable que jueces que investigan al Gobierno viajen invitados -o al menos integrados- en una misión del mismo Gobierno.
No siempre la corrupción empieza con un delito.
A veces comienza cuando deja de sorpren-dernos la confusión entre los poderes del Estado.
Y ese es, probablemente, el riesgo más pro-fundo de esta historia.
No lo que ocurrió en París, sino lo que puede naturalizarse en Buenos Aires.
