¿BLINDAJE INSTITUCIONAL O ‘CAMISA DE FUERZA? EL VERDADERO DEBATE DEL PODER
El Gobierno de Javier Milei busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir por ley que la entidad emita dinero con el objetivo de financiar el déficit fiscal.
Además, pretende reforzar su independencia y establecer sanciones para los funcio-narios que violen esa prohibición.
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas económicas que el Presidente considera centrales para impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la «maquinita» para cubrir el gasto público.
La pregunta política es mucho más profunda que la económica: ¿Ésta reforma protege a los argentinos o limita la soberanía econó-mica del país?.
El Gobierno sostiene que la inflación argen-tina fue, durante décadas, consecuencia del financiamiento monetario del déficit fiscal. Si el Banco Central no puede imprimir pesos para asistir al Tesoro, el Estado sólo tendrá cuatro caminos: recaudar más impues-tos; reducir el gasto; endeudarse; crecer económicamente para aumentar los ingre-sos.
La idea es sencilla: quitarle a la política la tentación de resolver todos los problemas imprimiendo dinero.
Desde esa perspectiva, la medida beneficia -directamente al ciudadano porque protege el valor del peso y evita que los salarios pierdan poder adquisitivo por la inflación. Ese es el fundamento económico que expone el Gobierno.
Pero también existe otra lectura. Aquí aparece el debate que muchos economistas plantean.
Cuando un Estado renuncia voluntaria-mente a utilizar la emisión monetaria como herramienta extraordinaria, también pierde capacidad para enfrentar emer-gencias.
Las principales economías del mundo no fun-cionan con una prohibición absoluta.
Estados Unidos emitió billones de dólares durante la crisis financiera de 2008 y du-rante la pandemia.
La Reserva Federal compró deuda pública. El Banco Central Europeo hizo exacta-mente lo mismo.
Japón financia buena parte de su deuda mediante su banco central.
Ninguno de esos países considera que emitir por sí mismo, sea un pecado económico.
La diferencia está en cuándo, cuánto y para qué se emite.
La medida propuesta por el Gobierno, ¿apunta a beneficiar a EE.UU.? No necesariamente.
Es cierto que la filosofía de independencia absoluta del Banco Central coincide con las recomendaciones históricas del FMI y con modelos monetarios ortodoxos aplicados en distintos países.
Sin embargo, no puede afirmarse que la reforma esté diseñada para beneficiar a Es-tados Unidos.
Lo que sí puede sostenerse es que una regla monetaria muy rígida suele generar mayor previsibilidad para acreedores e inversores internacionales, porque reduce el riesgo de que un gobierno licúe sus obligaciones me-diante inflación.
En ese sentido, puede mejorar la percepción de los mercados sobre Argentina.
EL COSTO PÚBLICO
Toda regla tiene un precio. Si en el futuro aparece una guerra, una pandemia o una cri-sis financiera internacional, un gobierno podría necesitar asistencia monetaria excepcional.
Con esta reforma, esa posibilidad quedaría muy restringida.
Es decir: el Banco Central dejaría de ser una herramienta del Poder Ejecutivo para trans-formarse en un organismo prácticamente blindado frente a las decisiones políticas.
Para algunos eso significa institucionalidad.
Para otros implica quitarle al Estado una de sus principales herramientas de política económica.
El verdadero interrogante de debate no debería reducirse a «emitir sí» o «emitir no».
La verdadera discusión es quién controla el dinero. Durante décadas, en Argentina lo controló la política.
Con esta reforma, el Gobierno intenta que que-de limitado por una ley.
El riesgo es que, si la norma es demasiado rígida, un futuro gobierno podría verse obligado a recurrir exclusivamente al endeudamiento cuando enfrente una emer-gencia. Eso podría trasladar el costo desde la inflación hacia una mayor dependencia del crédito, interno o externo.
En definitiva, la reforma del Banco Central apunta a atacar uno de los grandes problemas históricos de la Argentina: el uso de la emisión para financiar déficits perma-nentes, una práctica asociada a procesos infla-cionarios recurrentes.
Pero convertir esa prohibición en un prin-cipio casi absoluto también abre un inte-rrogante sobre la capacidad del Estado para actuar en situaciones excepcionales.
En definitiva, la medida no beneficia auto-máticamente a Estados Unidos ni perjudica automáticamente al pueblo argentino. Sus efectos dependerán de cómo quede redactada la ley y de si prevé mecanismos excepcio-nales, transparentes y con control insti-tucional para momentos de crisis.
Como suele ocurrir en economía, el problema no es sólo la herramienta, sino el uso que se hace de ella. Un Banco Central sometido a los caprichos del poder político puede convertirse en una fábrica de inflación; un Banco Central excesivamente rígido puede transformarse en una institución incapaz de responder cuando el país más lo necesita.
El desafío consiste en encontrar un equili-brio entre disciplina fiscal y flexibilidad para enfrentar circunstancias extraor-dinarias.
