FUERTE REACCIÓN DE LA SOCIEDAD CONTRA JUEZA QUE FRENÓ LEY DE PENALIDAD JUVENIL
La reacción fue fuerte y escaló rápidamente; hubo críticas de Bullrich, Macri, Pullaro, dirigentes de LLA, una denuncia penal, pedidos de jury y una apelación fiscal.
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días en la provincia de Buenos Aires la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, abrió una tormenta política, judicial e institucional.
La nueva Ley 27.801 redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, pero Pascual hizo lugar a un hábeas corpus colectivo y frenó temporalmente su aplicación en territorio bonaerense. Su argumento central «no fue cuestionar la baja de edad» -de hecho, posteriormente aclaró que está de acuerdo con ella- sino advertir que la Provincia carecería de infraestructura, personal y recursos suficientes para recibir a una mayor cantidad de adolescentes dentro del sistema penal.
Una de las críticas más fuertes llegó de Patricia Bullrich, quien sostuvo que «a una jueza no le corresponde decidir si una ley sancionada por el Congreso debe aplicarse en función de si una provincia realizó o no las inversiones necesarias». Bullrich recor-dó además que las jurisdicciones dispusieron de seis meses para preparar la implementación del nuevo régimen.
También Mauricio Macri calificó la situación como «realmente muy preocupante» y advir-tió sobre una posible alteración del equi-librio entre los poderes del Estado.
Desde La Libertad Avanza bonaerense fueron todavía más lejos: Sebastián Pareja calificó la resolución de «profundamente antidemo-crática» y se anunció la intención de pro-mover un juicio político contra la magistrada. El diputado Manuel Passaglia también anti-cipó un pedido de jury.
Hasta el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro ingresó en la polémica y calificó la decisión como una expresión de «garantismo bobo», argumentando que los jueces deben hacer cumplir las leyes.
El argumento de Pascual merece ser atendido: encerrar adolescentes sin educación, capa-citación, tratamiento ni establecimientos adecuados puede convertir al sistema en una verdadera fábrica de delincuentes.
La propia magistrada advirtió que un joven encerrado sin esas herramientas puede lle-gar a los 18 años y terminar en una cárcel que funcione como «escuela del delito» expu-so.
Pero existe otra pregunta igualmente incómoda: ¿puede la incapacidad del Estado bonaerense para preparar infraestructura convertirse en la razón para suspender la aplicación de una ley nacional sancionada por el Congreso?
Porque si ese criterio prosperara, aparecería un precedente delicado: bastaría que un gobierno provincial alegara que no dispone de edificios, personal o presupuesto suficiente para que una norma nacional quedara temporalmente neutralizada.
