CFK BUSCA EN LA O.N.U. LO QUE NO CONSIGUIÓ EN LA JUSTICIA ARGENTINA
Cristina Fernández de Kirchner abrió un nuevo capítulo en su batalla contra la con-dena de la causa Vialidad. Después de agotar las instancias judiciales en la Argentina, su defensa llevó el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ahora anunció que incorporará lo que califica como una «nueva prueba» para intentar abrir el camino hacia una revisión de la sentencia.
La cuestión central, sin embargo, suele perderse detrás del ruido político: la ONU no funciona como una cuarta instancia de la Justicia argentina ni puede simplemente borrar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme en junio de 2025, después de que la Corte Suprema rechazara los recursos de su defensa.
Precisamente después de agotada la vía in-terna, sus abogados acudieron al Comité de Derechos Humanos alegando violaciones al debido proceso, falta de imparcialidad y afectación de sus derechos políticos.
Ahora la defensa incorporó un estudio ela-borado a partir de información de Vialidad surgida durante el juicio de Cuadernos.
Según sus abogados, entre 2009 y 2015 se ad-ministraron más de U$S 2.000 millones mediante el mecanismo analizado y las empre-sas del Grupo Austral, de Lázaro Báez, habrían recibido el 0,85%.
Para la defensa, ese dato contradice funda-mentos de la condena.
Se trata, por ahora, de la interpretación y prueba presentada por los abogados de CFK, no de una conclusión judicial que haya dejado sin efecto la sentencia.
El punto institucional es decisivo. El Comité puede analizar si la Argentina violó derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y eventualmente emitir un dictamen sobre esas vulneraciones. Pero incluso una decisión favorable a Cris-tina no anularía automáticamente la con-dena.
Por eso, presentar el conflicto como si Naciones Unidas pudiera directamente absol-ver a CFK sería jurídicamente exagerado.
SILENCIO DESDE LA ROSADA
Hasta ahora, la posición de la Casa Rosada ha sido mantener distancia institucional.
El Gobierno sostiene que la expresidenta «tiene derecho a recurrir a los mecanismos internacionales disponibles» y decidió no impulsar una ofensiva diplomática preven-tiva.
El Estado respondería formalmente si el Comité de la ONU le requiere información o descargos.
En el plano político, el canciller Pablo Quirno fue mucho más categórico: recordó que Cristina Kirchner «ha sido juzgada y conde-nada» y vinculó la ofensiva internacional con la estrategia política del peronismo.
El expediente tiene así dos carriles diferentes. En uno está el debate jurídico acerca de si durante el proceso se respetaron todas las garantías de CFK. En el otro aparece una supuesta consecuencia política evidente: si la defensa consiguiera abrir una vía de revi-sión y eventualmente remover la inhabi-litación perpetua, cambiaría su situación frente al escenario electoral de 2027.
En general, nadie duda de que la ‘jugada’ apunta a instalar en la vidriera a la desfa-lleciente condenada C.F.K.
