DIPUTADA DEL PRO PROPONE LA ERRADICACIÓN DE LAS ‘FOTOMULTAS’ EN TODO EL PAÍS
Un proyecto presentado por la diputada de Buenos Aires (PRO) Patricia Vasquez, no solo propone eliminar las fotomultas, sino que «declara la emergencia en Seguridad Vial como una cuestión de orden público nacional, marcando un antes y un después en la política vial argentina».
Vásquez calificó como «un curro» las foto-multas y presentó un proyecto de ley en la Legislatura para eliminarlas.
Entre los puntos más destacados, la propuesta establece la «prescripción de multas leves a los dos años» y exige «un control estricto sobre el destino de los fondos recaudados».
La legisladora apuntó su presentación indicando que servirá para «una mayor transparencia en la gestión de recursos y un verdadero
enfoque en la prevención más que en la sanción».
Pide también «Una Inversión directa en infraestructura vial, mejora en la educación vial y Reducción de la burocracia administrativa».
«Esta iniciativa representa un cambio de paradigma en la seguridad vial», explican expertos consultados. Y señalan que «Pasamos de un modelo recaudatorio a uno preventivo y educativo».
La propuesta de la diputada Vásquez, quien viene trabajando en la «desregulación de diferentes áreas gubernamentales», llamó la atención por su origen en las filas del PRO y no en La Libertad Avanza, demostrando que «la búsqueda de eficiencia y transparencia trasciende las fronteras partidarias».
El proyecto prevé que «los fondos recaudados se destinen específicamente a mejorar calles, accesos urbanos y programas de educación vial, garantizando que el dinero de los contribuyentes retorne en forma de mejoras concretas para la comunidad».
De aprobarse, «esta ley marcaría un precedente histórico en la modernización del sistema vial argentino, priorizando la prevención y la educación por sobre la mera recaudación, y estableciendo un nuevo estándar de transparencia en la gestión pública».
La iniciativa ya genera expectativas positivas entre especialistas en seguridad vial y organizaciones civiles, que «ven en esta propuesta una oportunidad para transformar significativamente la relación entre el Estado y los conductores, privilegiando la seguridad y la prevención por sobre el afán recaudatorio».
