ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PERIODISTICAS DENUNCIAN EL ODIO Y LAS AGRESIONES DE MILEI HACIA LA PRENSA
Las organizaciones periodísticas volvieron a encender las alarmas por la escalada de agravios del Presidente de la Nación. FOPEA llevó el caso ante la Relatoría Espe-cial de las Naciones Unidas y ADEPA cues-tionó los últimos ataques.
Los números muestran que ya no se trata de episodios aislados. Javier Milei tiene todo el derecho del mundo a cuestionar a un periodista.
Puede desmentirlo, exhibir sus errores, denunciar una operación política y hasta confrontarlo públicamente.
La libertad de expresión también ampara al Presidente.
Pero hay una frontera evidente entre respon-der una información y convertir el insulto en método de comunicación desde la máxi-ma magistratura del país.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) acaba de llevar el problema al plano internacional: presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, ad-virtiendo sobre el deterioro de las condi-ciones para ejercer el periodismo en la Argentina.
Según su monitoreo, los ataques contra la prensa pasaron de 116 casos en 2023 a 179 en 2024 y 278 en 2025. En 2026 esa última marca ya fue superada y FOPEA atribuye 175 hechos al presidente Milei, más del 60% de los registrados este año.
Pero existe otro número todavía más im-pactante.
FOPEA analizó 113.649 publicaciones reali-zadas por Milei en X entre su asunción y septiembre de 2025.
Encontró expresiones ofensivas en 16.806 posteos: el 15,2% del total.
El relevamiento incluye agravios contra dis-tintos sectores, no exclusivamente contra periodistas, por lo cual sería incorrecto presentar los 16.806 casos como ataques a la prensa.
Sin embargo, el estudio detectó una presencia particularmente fuerte de expresiones despectivas y estigmatizantes cuando el blanco pertenece al mundo de los medios.
Sólo durante los primeros cinco días de octubre, FOPEA contabilizó doce ataques presidenciales a la libertad de expresión. Entre los destinatarios estuvieron Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joa-quín Morales Solá, Eduardo van der Kooy, Luis Novaresio, Gustavo Sylvestre, Jésica Bossi y María Eugenia Duffard.
Las expresiones registradas por la organización son de una crudeza difícil de asociar con el lenguaje institucional de un jefe de Estado: «sicarios con micrófonos», «basura inmun-da», «mierda humana», «estúpido» e «imbé-cil», entre otras descalificaciones.
ADEPA también reaccionó. La entidad sostuvo que un gobernante tiene pleno derecho a considerar una noticia errónea, sesgada o injus-ta y a responder incluso vehementemente.
Pero remarcó una diferencia elemental: la réplica democrática no necesita conver-tirse en agravio personal.
Milei puede sostener -y muchas veces sostiene- que una parte del periodismo miente, opera políticamente, responde a intereses económicos o utilizó durante décadas la pauta oficial como mecanismo de supervivencia o condicionamiento.
Todo eso puede discutirse. Los periodistas tampoco gozamos de inmunidad moral: podemos equivocarnos, informar mal, tener intereses, cometer excesos y debemos so-portar la crítica pública.
Pero la crítica al periodismo no habilita automáticamente cualquier lenguaje desde el poder.
Porque cuando quien señala con nombre y apellido no es un ciudadano cualquiera sino el Presidente de la Nación, existe una asi-metría imposible de ignorar.
Su palabra posee capacidad institucional, repercusión mediática y una gigantesca am-plificación digital.
El problema, entonces, deja de ser si un periodista tiene la piel suficientemente gruesa para soportar un insulto.
El problema es qué clima genera el Estado alrededor de quienes investigan y cuestio-nan al poder.
FOPEA sostiene precisamente que el agravio presidencial puede multiplicar el hostiga-miento de terceros en las redes sociales.
Una cosa es combatir la «casta perio-dística»; otra, combatir al periodismo.
Milei construyó parte de su identidad política enfrentándose con sectores que con-sidera privilegiados.
Los medios no quedaron afuera. Pero existe una diferencia democrática decisiva: un Presidente puede combatir privilegios de empresas periodísticas; no debería conver-tir al periodista crítico en enemigo público por hacer preguntas incómodas.
La prensa libre no significa prensa buena.
Ni siquiera significa prensa justa.
Significa algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: una prensa que puede investigar, preguntar, equivocarse, criticar y molestar al Go-bierno sin temor a que desde la cima del Estado se la transforme sistemáticamente en blanco del escarnio público.
