¿ QUE TEMEN LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS SI SE AUDITAN SUS CUENTAS?

En plenas negociaciones en la situación universitaria del país, Javier Milei que «las casas de altos estudios públicas son la casta», que «son utilizadas por el antiguo régimen», y que por lo tanto «carecen de auditorías o contralores», que prometieron intensificar en las próximas semanas.
«Siendo presupuesto público, es razonable que sepamos en qué se gasta el dinero. Es lo que merecen los argentinos», expresó el portavoz Manuel Adorni, horas antes del comienzo de la reciente movilización sobre el tema.
Fuentes de la Auditoría General de la Nación (AGN) desmienten esas «carencia de controles». La Sindicatura General de la Nación (Sigen), por su parte, dijo tener la posibilidad de investigar y auditar en base a «denuncias recientes». Un dictámen de 2022 del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, le quitó a la sindicatura la potestad de investigar las cuentas y movimientos de fondos de las universidades.
La última auditoría aprobada por la AGN data del año pasado, pero el período auditado es de 2018. En esa auditoría, centrada en la Facultad de Psicología de la UBA, «se encontraron irregularidades en el movimiento de fondos y cuentas bancarias». «En materia de ejecución presupuestaria, del cruce de datos realizado entre la información presupuestaria recibida de la Facultad de Psicología y los registros del Back Up de las bases de datos del sistema SIU-PILAGÁ suministrado por la Facultad, se detectaron diferencias (en los créditos y en los recursos) las cuales fueron puestas en conocimiento de la Unidad Académica para su conciliación y/o justificación, algunas de las cuales no fueron conciliadas», dice el informe de la AGN, firmado por su entonces presidente, el radical Jesús Rodríguez.
El informe también especifica que «la Facultad llevó adelante procesos de compras y contrataciones utilizando la modalidad de Contratación Directa por trámite simplificado (régimen establecido por el Decreto 893/2012 y que fuera replicado por la Facultad a través de la Resolución CS 8240/2013) cuando dicha modalidad no se encuentra en línea con lo dispuesto del Decreto 1030/2016». También detectó irregularidades en el seguimiento de obras edilicias y en el seguimiento de becas otorgadas.
En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, fue cuestionada en por su convenio con la minera YMAD, y los fondos recibidos de esa empresa para la construcción y realización de obras en la ciudad universitaria de esa provincia en los años 2014, 2015 y 2016.
Con la Universidad Nacional de Formosa, provincia que gobierna Gildo Insfrán desde 1995, fue auditada en 2018. Se analizaron los años 2012 y 2013, y el resultado fue crítico en el ítem de la ejecución presupuestaria. «El sistema de control interno imperante en la universidad, no brinda una seguridad razonable en la información, la confiabilidad y validez de la información financiera y el cumplimiento de la normativa vigente», reza el dictamen de la AGN. En 2014, la universidad se había negado a suministrar información a la auditoría.
En otros casos, el informe derivó en causas judiciales contra universidades públicas, con sonados casos investigados por la AGN, la SIGEN, y en algunos casos, ambas.
-Universidad de San Martín: días atrás, el ex-ministro de Planificación, Julio de Vido, fue procesado por un convenio multimillonario de 2011 con esa casa de estudios para la creación del sistema de televisión digital, con un sobreprecio estimado en el 56%, un gasto total de $330 millones, que se basó en una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans e investigación de la AGN.
-Universidad del Chaco Austral: una de las 17 universidades creadas durante el kirchnerismo, y siempre ligada al exgobernador Jorge Capitanich estuvo investigada por distintas irregularidades en la designación de directivos en 2017. En este caso, la investigación estuvo a cargo de la Sigen durante el gobierno de Cambiemos y también por la AGN.
-Universidad de Madres de Plaza de Mayo: a través de la fundación que lleva el mismo nombre, una de las universidades más cuestionadas por el gobierno de Javier Milei, participó del fallido plan de construcción de viviendas, Sueños Compartidos.
La AGN había emitido un lapidario informe en 2014 (con Leandro Despouy como titular del cuerpo de auditores) que derivó en una causa judicial.
Más allá de esas investigaciones, recientes y no tanto, el Gobierno insiste en que «las universidades no se dejan auditar».
Ex auditores contestan que esa es una facultad de la AGN (como brazo del Congreso).