LA CASTA INVISIBLE: CUANDO LOS MILLONES APARECEN PERO SE ESFUMAN LOS NOMBRES…
La Fundación Faro quedó bajo la lupa por el extraordinario crecimiento de sus fondos. Mientras el Presidente exige transparencia para todos, las preguntas sobre quién financia al principal laboratorio ideológico del mileísmo siguen sin respuesta pública.
Por años, Javier Milei construyó su carrera denunciando a la casta. Empresarios amigos del poder, dirigentes que vivían del Estado, estructuras financiadas por intereses ocultos y organizaciones que nadie sabía quién sostenía. La promesa era sencilla: terminar con los privilegios y encender la luz donde otros mantenían la oscuridad. Pero ahora la linterna apunta hacia un lugar incómodo para el propio oficialismo.
La Fundación Faro, el think tank que se transformó en la usina ideológica de La Libertad Avanza, exhibe números que desper-taron preguntas dentro y fuera del Gobier-no. El crecimiento exponencial de sus recursos económicos, los aportes millo-narios recibidos y la reserva sobre la iden-tidad de los principales donantes generaron una controversia que trasciende cualquier discusión administrativa.
Porque el problema no es solamente cuánto dinero ingresó. La pregunta es quién lo puso. Y, sobre todo, por qué los argentinos no pue-den saberlo.
La política argentina tiene una larga historia de estructuras paralelas, fundaciones, asocia-ciones civiles y organizaciones que funcio-naron como satélites de los partidos políticos. Durante décadas, el mileísmo denunció precisamente ese mecanismo. Por eso el caso Faro resulta especialmente sensible.No se trata de una entidad ajena al poder.
Se trata de la organización que reunió a muchos de los intelectuales, técnicos y dirigentes que luego desembarcaron en la administración libertaria. Es, en términos políticos, una de las columnas doctrinarias del proyecto presidencial.
Cuando una estructura tan vinculada al ofi-cialismo recibe aportes millonarios, la exigencia de transparencia debería ser incluso mayor que la del resto.
Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Los nombres permanecen fuera del alcance público. La paradoja es tan eviden-te que duele.
Quienes llegaron prometiendo terminar con los mecanismos opacos de la política hoy enfrentan cuestionamientos similares a los que formularon durante años contra sus adversarios. La diferencia es que antes exigían explicaciones. Ahora las deben dar.
Y en política, las zonas grises suelen ser más peligrosas que las acusaciones directas. Porque cuando no hay información sufi-ciente, aparecen las sospechas. ¿Hay empre-sarios financiando la construcción política libertaria? ¿Existen grupos económicos aportando recursos para ganar influencia futura? ¿Hay intereses sectoriales detrás de las donaciones? Tal vez no.
Pero el problema es que nadie puede comprobarlo. Y cuando la trans-parencia depende de un acto de fe, deja de ser transparencia. La vara no puede cambiar.
El Gobierno suele reclamar que la Justicia investigue, que los funcio-narios expliquen y que las organizaciones rindan cuentas. Es una exigencia razonable. Tan razonable que debería aplicarse también a quienes orbi-tan alrededor del propio poder.
Porque la transparencia no es una herra-mienta para castigar adversarios. Es una obligación para todos. Especialmente para quienes llegaron prometiendo ser distin-tos.
Una pregunta que seguirá abierta. Hasta que se conozca con claridad quiénes financiaron el crecimiento de la Fundación Faro, la discusión seguirá viva.
Quizás no exista delito alguno. Pero la polí-tica no se mueve únicamente en el terreno judicial. También vive en el terreno de la confianza. Y cuando un gobierno que hizo de la transparencia una bandera no logra despejar dudas sobre la procedencia de los recursos de su principal usina ideológica, el problema deja de ser contable. Empieza a ser político.
Porque las sombras que antes denunciaba ahora empiezan a proyectarse sobre su pro-pia puerta.
