Frigerio dio el puntapié inicial a una reforma en serio
Además de poner una nota de color en el lánguido escenario político con la designación del inefable Luis Barrionuevo el reciente fallo de Romilda Servini decretando la intervención del Partido Justicialista del orden nacional, además de otros efectos, también puso sobre el tapete una cuestión que el ministro del Interior Rogelio Frigerio se encargó de perfilar señalando que «se advierte una excesiva injerencia de la justicia en la vida de los partidos políticos».
¡Aleluya! Hace mucho tiempo que venimos denunciando -por cierto sin éxito alguno- el avance de la justicia electoral sobre la vida y el funcionamiento institucional de los partidos políticos.
Los que hoy se rasgan las vestiduras por la resolución de la Dra. Servini decretando la intervención del PJ son los mismos que aplaudieron a rabiar los engendros legales ideados por Jorge Landau a pedido de Néstor Kirchner con el único objetivo de impedir aventuras de los ‘rebeldes’ que se llevaban votos progresistas para su molino reduciendo las chances de la agrupación que lideraba el matrimonio.
Así nació en el año 2009 durante el gobierno de la hoy multiprocesada Cristina Fernández la bochornosa ley 26.571 como respuesta a la derrota ” por muy poquito” sufrida por las huestes kirchneristas en las elecciones legislativas de ese año.
La vanidad y arrogancia de los jueces de la Cámara Electoral que pretendían -y siguen pretendiendo- reducir la cantidad de partidos y aumentar su poder, sumada a nociones nebulosas de una opinión pública fogoneada por los principales medios hizo que este engendro legislativo, que arrasó con principios elementales de derecho partidario so color de “democratizar la representación política e imponer la transparencia y la equidad electoral”, fuera tragada sin mayores cuestionamientos por una sociedad con altas dosis de ignorancia respecto de los temas electorales y partidarios.
Claro está que la vocinglería de dirigentes que hoy tacha de “excesiva y arbitraria” la injerencia de la justicia omite convenien-temente aclarar que primero fue el atropello legislativo el que abrió la puerta para que los jueces pasen a la historia la ‘zona de reserva de los partidos’ y se encumbren como omnímodos tutores de la actividad partidaria y electoral.
La figura emblemática de la actual legislación es la de las PASO, una mala imitación del sistema norteamericano que es totalmente distinto desde su conceptualización hasta su instrumen-tación, que como no podía ser de otra manera fracasó estrepitosamente, razón que mueve al actual oficialismo macrista a considerar la conveniencia o no de su supervivencia en una futura reforma electoral, en lugar de abogar ya por su eliminación lisa y llana.
Párrafo aparte merece el tema de la financiación electoral y de las actividades de los partidos políticos ley 26.215, otro fallido experimento legislativo apartado de la realidad que los magistrados acarician tiernamente porque incrementa su cuota de poder.
Su aplicación llevó a que hoy la mayor parte de las agrupaciones estén plagados de multas y suspensiones y muchos de sus dirigentes sometidos a una rarísima amalgama procesal entre administrativa y penal cuyas normas instrumentales son dictadas a piacere por los titulares de la CNE ejerciendo de hecho una función legislativa so capa de las lagunas dejadas por esta deficiente normativa llena de parches que deja un amplio margen para la confección de los trajes a medida con los que los magistrados de la Cámara acostumbran a alimentar las sospechas sobre su imparcia-lidad.
El denominador común de todos estos extravíos es la errónea, obsoleta, dirigista y contaminada plantilla de principios y objetivos sobre la que se asienta la actual legislación electoral que disecaremos en futuras entregas utilizando tanto la cuadrícula de la teoría como la de la realidad para el análisis de sus múltiples falencias a fin de hacer un aporte que sirva para la elaboración de propuestas eficaces.
Cada año que pasa marca con más fuerza el imperativo de establecer un marco legal adecuado a los tiempos que flexibilice el corsé que los adoradores de las regulaciones impusieron para una actividad que por su naturaleza se asienta en la libre voluntad de servicio de los miembros de una comunidad nacional pero que no puede desprenderse de su idiosincrasia.
No puede sino celebrarse este lanzamiento que el ministro Rogelio Frigerio tiró sobre la mesa, pero hasta que no se comprenda que no se trata de “evaluar” si las PASO le convienen o no al oficialismo o a la oposición sino de pensar en reglas de juego parejas para todos que recuperen la autonomía de los partidos políticos y pongan en su lugar a la justicia electoral.
Si no se entiende que llegó la hora de barajar y dar de nuevo introduciendo reformas reales, audaces y novedosas, se seguirá chapaleando en el mismo barro sin poder dar una respuesta efectiva a las demandas de transparencia que son clamor en la sociedad.
Luis Orea Campos