Si bien hay sectores sociales que creen que la norteamericana Wildlife Conservation So-ciety (WCS) tiene algún «interés para proteger algunas islas del Archipiélago de Malvi-nas», siempre hay que tener cuidado porque a veces, atrás de aparentes «cuidados medioam-bientales» pueden esconderse estrategias geopolíticas ajenas al interés nacional, que «se mimetizan en los ámbitos de poder para definir las políticas marítimas, pesqueras y soberanas del país».
Por ejemplo, nadie sabía -hasta hoy- porqué una diputada nacional de los kilates de Graciela Camaño, del bloque ‘Identidad Bonaerense – Federal’ originaria del interior profundo, del salitre, el algodonal, devenida en ambienta-lista, presentaba un proyecto destinado a «proteger algo en el piso de alta mar» que ni los investigadores alcanzaban a definir con precisión, rechazando -la diputada- con cierta iracundia, «todos los argumentos científicos, medio ambientales, económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron a su infundado proyecto» y, llamaba aún mas la atención, que la Cancillería y, más específicamente, la secretaría de Malvinas, acompañara un proyecto enclavado en un sector aledaño al área marina ocupada y disputada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
La Fundación WCS, cuenta con el apoyo de Oceans 5; organización que, sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo entre sus socios y miembros a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto adquiere suma importancia, ya que la citada «Área Marina Protegida» completaría el «blue belt» (cinturón azul) que, ya en 2017, los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas -entre otros territorios de ultramar- asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros.


Lo sorpresivo asimismo, fue que quién tendría que administrar esta Área Marina Protegida Agujero Azul no fuese otro que el reciente renunciado Administrador de Parques Nacionales Lautaro Erratchu que el 3 de agosto pasado dictó la Decisión 484 declarando «sitio sagrado Mapuche» al Volcán Lanín de Neuquén.
Para cuestiones meramente pesqueras la Cancillería tiene un embajador de carrera en el Consejo Federal Pesquero, por entender -seguramente- que «el ámbito de estas actividades, pese a tratarse de una explotación de recursos, de dominio y jurisdicción del Estado ribereño, está influido por regulaciones internacionales derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ratificada por la Argentina en 1995 (Ley 24.543) y, además, porque 5.497.178 Km2 del territorio marítimo e insular (1.639.900 Km2); antártico (2.426.911 Km2) y de la plataforma continental argentina (1.430.367 Km2) se encuentran ocupados o disputados por el Reino Unido».


Todo es gravísimo. Pero es absolutamente peor, porque Wildlife Conservation Society es propietaria de varias Islas en el Archipiélago de Malvinas y, claro, ahora podemos entender el interés de WCS por el Agujero Azul, que «pasaría a conformar el cinturón azul de protección británica de Malvinas y, también, su especial preocupación, por el cuidado de los albatros de ceja negra que se encuentra en las islas de su propiedad y, que, según el informe de la filial local de WCS conducida por la citada Falabella, al describir los porcentuales de especies a conservar en el Agujero Azul-ZEE alcanzan a ‘2.72”».
Estas fundaciones extranjeras a través de sus filiales, se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional.
Ello es evidente, WCS se constituye como organizadora y dice: «El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ‘qué queremos conservar’, y, decidir, sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en todo el Mar Argentino».
Los argentinos no podemos radicarnos, adquirir propiedades y mucho menos hacer en Malvinas, lo que WCS manifestaba hace 5 años: «administrar islas del archipiélago de Malvinas, trabajar con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, 15/8 2017). Un absurdo que el Estado Argentino admita la intervención de WCS en Malvinas y más allá del territorio ocupado por el Reino Unido, dando opiniones y promoviendo leyes referidas a la administración de todo el Atlántico Sudoccidental, agraviando la soberanía argentina y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado – Presidente de la Fundación Agustina Lerena, fundada el 21/10/2002 – Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL) fundado en 1989