TABACALERA INVESTIGADA POR DISTINTOS DELITOS, LIDERA EL 45% DEL MERCADO DE CIGARRILLOS

Una tabacalera inIcializada como «dudosa», denunciada por no pagar impuestos que rigen para la industria del tabaco, cuyo dueño es Pablo Otero, maneja el 45% del mercado del cigarrillo.
Otero también está denunciado de tener causas por contrabando y lavado de activos.
Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023 cuando se hizo cargo de la presidencia del país, dijo tener «la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre la Argentina como la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos».
Planteando un modelo distinto al modelo empobrecedor de los últimos años del país, envió al Congreso la llamada Ley ómnibus en el que se reflejaba su «ideario libertario» pero que fue frenado por la oposición.
Milei advirtió que «funciona un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios, la casta».
En la iniciativa, el jefe de Estado hizo referencia a «negocios espurios, a la industria pes-quera, y a un empresario a quien calificó co-mo el ‘Señor del Tabaco, por hacer lobby y persuadir a políticos para defender sus intereses».
Ese sujeto es Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, a quien también en el sector lo bautizaron como el «Yabrán del tabaco», quien desde hace ya varios años comercializaría las marcas que produce su empresa sin el correspondiente pago de los impuestos que el resto de las compañías, en especial las multinacionales, abonan todos los meses para engrosar las arcas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el llamado Fondo Especial del Tabaco.
De hecho, en la «Ley ómnibus» se redactó un capítulo de Impuestos Internos que establece una suba de la tasa a los cigarrillos del 70% al 73% y elimina el Impuesto Mínimo.
Según las autoridades, «dicha modificación busca traer igualdad a un sector que desde hace ya casi 10 años se ve distorsionado por medidas judiciales por las que sólo algunas empresas no tributan el Impuesto Mínimo».
Es decir, aplicar la misma forma de tributar a todas las compañías del sector, eliminando el Impuesto Mínimo de forma que ninguna compañía tenga que pagar, como mínimo, $517 por paquete de cigarrillos, pero subiendo el impuesto interno de 70% a 73% con el objetivo de no perder más recaudación para el Estado Nacional y no permitir que se continúen vendiendo cigarrillos a precios muy bajos.
Ante ello, «Tabacalera Sarandí» se encontraría llevando a cabo un fuerte lobby en contra de eliminar ese tributo, en una actitud activa para que esta modificación no sea aprobada, y buscando perpetuarse en una posición que solo le conviene a dicha empresa al ser la única que no pagaría el principal impuesto del sector, tal como acusan expertos conocedores de los negocios de Otero.
En este sentido, un documento elaborado por la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, trata el tema de los impuestos en la página 14, bajo el título Impacto Fiscal.
En el cuadro 10, página 15, se muestra una proyección de cómo cambiaría la recaudación frente al PBI, si se elimina el Impuesto Interno Mínimo y se sube la alícuota de 70% a 73%.
Como porcentaje del PBI pasaría de ser de 0,325% a 0,342% y si se toma un PBI de U$S 621.833 millones (según estimaciones del FMI para 2023) implicaría que la recaudación total que pasaría de los u$s2.021 millones a u$s2.127 millones, un aumento de más de u$s100 millones o un 5,2% más de lo que recauda actualmente.
INVESTIGACIÓN
EN MARCHA
A partir de la «inacción del gobierno kirchnerista», con el que Otero habría tenido aceitados lazos, la nueva administración liber-taria comenzó con la tarea de investigar los negocios del dueño de Sarandí, luego de que la Ley ómnibus volviera a Comisión para ser tratada nuevamente.
En diciembre del 2017, la Ley 27.430 estableció un piso en el precio de los cigarrillos mediante un Impuesto Mínimo a la venta en todo el país.
En diciembre del 2017, la Ley 27.430 estableció un piso en el precio de los cigarrillos mediante un Impuesto Mínimo a la venta en todo el país, que en la actualidad no se cumple.
Esto se debe a que algunas compañías tabacaleras, principalmente Sarandí, se presentó ante distintas sedes judiciales y logró medidas cautelares para quedar exento de cumplir con el principal impuesto del sector, el Impuesto Mínimo, hoy fijado en $517,15 por atado.
A partir de este hecho, que le permitiría vender sus marcas a precios mucho más baratos que el resto, Otero llevó a la empresa a ocupar el segundo lugar detrás de Massalin y por encima de la ex Nobleza Piccardo.
Se estima que el crecimiento de mercado de Sarandí del sector, habría tenido un costo fiscal por la pérdida de recaudación de más de U$S2.500 millones en los últimos ocho años, recursos que le son quitados al gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, el ANSES y la producción primaria.
Si bien hay otras tabacaleras que habrían seguido el mismo ejemplo que Sarandí, la empresa de Otero sería la principal causante de semejante pérdida recaudadora que se profundizó a partir del 2017.
Ese año, Tabacalera Sarandí contaba con menos de un 5% de participación de mercado y se presentó ante la Justicia con el objetivo de cuestionar la constitucionalidad del Impuesto Mínimo.
El reclamo recayó en la Justicia Federal, que le otorgó una medida cautelar para que no se le aplique el mínimo o piso en el cálculo de sus impuestos, lo cual desencadenó un litigio con la AFIP que fue avanzando hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Andrés Sanguinetti